28 de diciembre de 2018

EN BRASIL LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS, A EFECTO DE OBRAS PÚBLICAS, CRECEN EXPONENCIALMENTE


El "Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN)" del Brasil es el responsable de recibir las solicitudes de proyectos e informes arqueológicos y evaluarlos. Cada propuesta de proyecto que es aprobada se publica en Gaceta oficial, aspecto que constituye la autorización que se da al arqueólogo responsable para que pueda ejecutarlo. Solo en 2015 fueron más de 10 mil autorizaciones las que se publicaron. Eso debido a que todos los emprendimientos con movimiento de suelo necesitan de la valoración previa de un Arqueólogo profesional. Cada uno de los 27 estados de Brasil tiene su propia Superintendencia Regional  que tiene la responsabilidad de analizar los proyectos de Arqueología, mientras que la ejecución de los trabajos arqueológicos puede ser delegada a personas jurídicas (empresas legalmente constituidas) como  a personas naturales (arqueólogos con licencia profesional), no existiendo limitación alguna para que tanto empresas como arqueólogos puedan efectuar más de un proyecto a la vez, aspecto legal que tampoco se da en otros países de la región. La única limitación para que las empresas y arqueólogos profesionales puedan ejecutar mas de un proyecto, es que cumplan con los requisitos de plazos, metodología, aspectos legales y administrativos.
Es importante notar que en Brasil el año 2002 fueron ejecutadas apenas  240 autorizaciones, en 2013 1400 autorizaciones y el 2015 más de 10.000 autorizaciones, con un crecimiento exponencial respecto a datos, material y conocimiento sobre el pasado prehispánico o colonial del Brasil. Obviamente, pocos trabajos de evaluación o mitigación de impactos arqueológicos se comparan con proyectos de investigación planificados y con objetivos claramente definidos, de los cuales se sabe  emergen la mayor parte de los productos estructurados y científicos de la arqueología.
Mas información en: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3446/iphan-alcanca-marco-historico-com-registro-de-dez-mil-pesquisas-arqueologicas-no-brasi

En Bolivia

En Bolivia, se dan situaciones contradictorias respecto a las facultades que restringen a las empresas consultoras, que son personas jurídicas legalmente constituidas y cuyos derechos están claramente establecidos en el código de comercio. Por un lado, la Ley 1333 y sus reglamentos, como casi todas las leyes que involucran el trabajo de profesionales de especialidad, admiten que las autorizaciones para estudios ambientales (Fichas, Estudios de Evaluación de Impacto, Adecuaciones ambientales y Monitoreos ambientales), sean dadas a profesionales, empresas consultoras, grupos de profesionales en sociedad, unidades ambientales, organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos definidos por el Ministerio de Medio Ambiente, hecho que respeta las leyes vigentes y los derechos de los diferentes tipos de prestadores de servicios en el sector. 
Todos sabemos que para la ejecución de estudios de ingeniería, arquitectura u otro tipo no existen restricciones para que un profesional o empresa pueda hacerse cargo de más de un proyecto a la vez, siempre y cuando lo haga de manera responsable y cumpla con los requisitos de la entidad fiscalizadora. En arqueología, la Unidad de Arqueología y Museos viene empleando el artículo 14 del Reglamento aprobado con RM 020/2018 para coartar  la posibilidad de que un consultor o una empresa puedan atender más de un proyecto a la vez, bajo el justificativo de que, basta que un consultor haya sacado un permiso, todos los informes o procedimientos administrativos a futuro son considerados como pendientes, incluso si estos se fueran cumpliendo dentro de los plazos comprometidos. Esta errónea, sino malintencionada o discrecional interpretación de la norma ha justificado la violación reiterativa del derecho al trabajo y la generación consecuente de importantes daños y perjuicios económicos que van en contra de los arqueólogos y las empresas consultoras que tratan el tema.  

Comunicación escrita sobre la base de observaciones del arqueólogo Wanderson Ezquerdo, quien es especialista en estudios de impacto arqueológico en Bolivia, Brasil y Perú

26 de diciembre de 2018

LA SALP SOLICITA AL MDCyT CUMPLA SUS COMPROMISOS EN TORNO AL REGLAMENTO DE TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS Y DEMANDA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA JEFATURA DE LA UDAM

Por medio de una nota enviada a la Ministra de Culturas Wilma Alanoca, la Sociedad de Arqueología de La Paz, solicitó se cumpla el compromiso que hizo la autoridad sobre el ajuste del polémico Reglamento de Autorizaciones para Trabajos arqueológicos en Obras Públicas y Privadas (RM 020/2018), en mayo pasado, en ocasión de una reunión con la directiva de la SALP.  A la fecha y tras 11 meses, ningún cambio se ha efectuado por la inoperancia, incapacidad y mala voluntad de las instancias a las que fuera delegado el ajuste. Por el contrario, el mencionado reglamento, interpretado de manera antojadiza y aplicado de manera discrecional por la UDAM, ha servido para acosar y perjudicar a quienes han observado su contenido y criticado la gestión que la gestó. 
Tras 11 meses, se han desnudado  - en la práctica - sus contradicciones técnicas, su desenfoque legal respecto de la Ley 530 y la CPE, sus peligrosas falencias de redacción y su carencia de apego a la realidad que pretende normar. Por ello, la nota remarca la necesidad urgente de hacer ajustes en su diseño que permita garantizar la protección del patrimonio y el respeto a las leyes, las instituciones y los derechos ciudadanos.
Al mismo tiempo, solicita, tal como se hizo en reiteradas ocasiones, se institucionalicen los cargos de la Dirección General de Patrimonio, particularmente la de la Jefatura de la Unidad de Arqueología y Museos, a fin de darle la solidez técnica y jerarquía a un puesto que últimamente ha sido devaluado por nominaciones señaladas, en las que primaron criterios políticos, de amistad o de presión de los llamados "movimientos sociales". 
La gestión nacional de la arqueología debe superar este oscuro momento y reencausar su camino hacia una institucionalización total, con el ajuste a la Ley de Patrimonio Cultural; la concreción de los reglamentos faltantes; el fortalecimiento de la capacidad de administración y fiscalización de la Unidad de Arqueología y Museos; la transferencia de competencias a las Gobernaciones y Municipios; la implementación de medidas de protección del patrimonio arqueológico mueble, inmueble y monumental; la implementación de políticas de incentivo a la investigación y difusión arqueológica y el desarrollo de mecanismos de articulación con las diferentes instancias gubernamentales que se hallan involucradas con el producto del trabajo arqueológico como obras públicas, educación, ciencia y tecnología, gestión de la información, medio ambiente, desarrollo sostenible, desarrollo rural y distribución de tierras, entre otros. 
Es importante desterrar de la gestión en arqueología el manejo discrecional de los recursos, el clientelísmo, la discriminación, la ineficiencia y el uso mediático de los hallazgos y sitios arqueológicos (que los  ponen en peligro y en extrema indefensión), en particular de aquellos que carecen de protección física o legal.
Esperamos nuevamente, que la Ministra de Culturas y Turismo atienda nuestra solicitud y cumpla oportunamente con su deber de proteger el patrimonio arqueológico y desarrollar una gestión  tal como las leyes y sus funciones se lo demandan.


La Paz, 26 de diciembre del 2018
CITE: SALP C-0073/18


Señora:
Lic. Wilma Alanoca
MINISTRA DE CULTURAS Y TURISMO
Presente.-

Ref.: Solicitud de cumplimiento de compromisos del MDCyT para realizar un profundo ajuste al Reglamento de Autorizaciones para trabajos arqueológicos en obras públicas y privadas…”, aprobado con Resolución Ministerial Nº020/2018 y demanda de Institucionalización urgente de la Jefatura de la Unidad de Arqueología y Museos.

De nuestra mayor consideración:
Mediante la presente, solicitamos a su autoridad cumplir con los compromisos contraídos con nuestra organización, como única organización civil que defiende al patrimonio arqueológico nacional y representa los intereses de la colectividad de arqueólogos profesionales del departamento de La Paz. Este compromiso, efectuado por su autoridad en ocasión de la reunión que sostuvimos en mayo del presente año, quedo en que se efectuarían las siguientes acciones de manera inmediata:
  1.  Hacer una revisión argumentada y exhaustiva de todos los artículos del Reglamento referido, según  lo observado por nuestra organización, además de otros arqueólogos e instituciones independientes.
  2.  La participación, sin discriminación de todos los arqueólogos profesionales del medio
  3.  La Participación de la Sociedad civil organizada como la Sociedad de Arqueología de La Paz.
  4.  La participación abierta de todos los actores institucionales técnica y temáticamente competentes en el tema arqueológico: Carrera de Arqueología de la UMSA, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Carrera de Arqueología – Antropología de la UMSA y el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo de la UMSS.
  5.  La organización de una mesa de trabajo con todos los actores involucrados dirigida por instancias ministeriales que no hayan estado directamente comprometidas en su elaboración o tengan conflicto de intereses, y supervisada por la Dirección de Asuntos Legales del MDCyT, quien debe velar porque los derechos de los participantes no sean afectados.
  6.  Que el trabajo de la mesa este orientado en la perspectiva de la protección del patrimonio arqueológico, por sobre cualquier interés personal. 
La SALP rechazó enfáticamente que: 
  1.  Se discrimine a los participantes por su grado de instrucción, restringiendo la participación sólo a quienes tienen título profesional.
  2.  Se excluya a otras instituciones como la UMSA, o la propia SALP porque no efectúan arqueología de contrato. Este hecho significaría desconocer que la UMSA es la única entidad a nivel nacional que forma arqueólogos profesionales y tiene una voz autorizada, técnica o científica por todo lo que implica la labor arqueológica, sea esta de investigación o de conservación, tal como se entiende a la arqueología, mal llamada "de contrato".
  3. Se excluya del tratamiento previo del reglamento a todos los actores subnacionales (Gobernaciones, Municipios y Autonomías Indígena Originaria Campesinas de todo el país), tal como lo planteó el Jefe de la UDAM.

Así mismo, solicitamos a su autoridad llamar a concurso de méritos para cubrir los principales cargos que atienden aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico cultural boliviano, principalmente el de la Jefatura de la Unidad de Arqueología y Museos, de modo que se cuente con personal idóneo que cuente con la suficiente experiencia, formación, sensibilidad y vinculación con la temática y con los actores involucrados en la protección y gestión del patrimonio arqueológico.
Esta demanda la hacemos preocupados por las acciones de persecución y manejo discrecional que se hace con la aplicación del actual reglamento, la gestión de permisos para trabajos arqueológicos y la protección del patrimonio arqueológico, las cuales atentan contra los derechos profesionales e individuales de los arqueólogos y ponen en serio riesgo el patrimonio arqueológico boliviano, cuya vulnerabilidad se ha incrementado de manera alarmante el último año.
Sin otro particular, y esperando una comunicación positiva a nuestra solicitud, nos despedimos reiterándole nuestra mayor consideración.

Atentamente,




Lic. Carlos Lémuz Aguirre
Sociedad de Arqueología de La Paz


Cc.:  Arch



10 de diciembre de 2018

ACLARACIONES NECESARIAS EN TORNO A NOTA DE PRENSA DE PAGINA SIETE


En fecha 4 de diciembre del 2018 se publicó la nota de prensa del periódico Pagina Siete que titula: "Nueva normativa de arqueología afecta a expertos de 5 proyectos". Los profesionales aseguran que hay un desenfoque en la norma. Ver el contenido extenso en el link: https://www.paginasiete.bo/cultura/2018/12/4/nueva-normativa-de-arqueologia-afecta-expertos-de-proyectos-202056.html
La nota convocó a profesionales en arqueología para que efectuaran una evaluación de la aplicación del "Reglamento de autorizaciones para trabajos arqueológicos en obras públicas y privadas del Estado Plurinacional de Bolivia", aprobado el 18 de enero del 2018 con Resolución Ministerial 020/2018, la cual se reflejaría en la nota de prensa citada. Participaron de la entrevista los arqueólogos: Jedú Sagarnaga y Wanderson Ezquerdo de la empresa consultora Scientia SRL, actualmente a cargo de proyectos en Rurrenabaque y Viacha, junto a Javier Méncias Bedoya (Vicepresidente de la SALP) consultor que estuvo a cargo del Diagnóstico Arqueológico (Estudio de Evaluación de Impacto Arqueológico) del Viaducto Plaza San Martín (Parque Triangular) y Carlos Lémuz (Presidente de la SALP), responsable del Proyecto Arqueológico Miraflores. En tal sentido,  cabe hacer algunas precisiones y aclaraciones en torno a la nota, la cual acusa de algunos errores que pueden llevar a confusión:
1. Los arqueólogos Wanderson Ezquerdo y Jedú Sagarnaga no son miembros de la Sociedad de Arqueología de La Paz
2. El título de la nota podría ser más preciso si dijera "Nueva normativa de arqueología tiene efectos negativos serios sobre el trabajo de la arqueología de protección y rescate en obras públicas y privadas. Cinco ejemplos son presentados para su análisis". Este problema ya fue advertido y observado en varias publicaciones en medios y cartas dirigidas a la Ministra de Culturas entre marzo y abril pasados: https://drive.google.com/file/d/1tmd27wAtGBQyefGX4-Udc2KcB-Ke0rXr/view?usp=sharing
3. Los profesionales entrevistados demostraron que existe un desenfoque de la norma respecto de lo que solicita la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano Nº 530, pues el actual reglamento esta dirigido a normar las acciones del arqueólogo en el trabajo y no los proyectos constructivos en obras públicas, menos establecer procedimientos plausibles para la salvaguarda del patrimonio arqueológico, tal como se exige en los artículos 47, 48, 49 (IV), 51, 52 y 58 de la citada ley.
4. La norma obliga al arqueólogo a constituirse como custodio temporal del material recuperado hasta que el municipio o algún museo se haga cargo de él, mientras tanto la UDAM puede suspenderlo de trabajar y no otorgarle más permisos, incluso si esta entrega no dependiera del arqueólogo. Con ello la UDAM, el VMI y el MDCyT violan el derecho al trabajo, el libre ejercicio de la profesión y ejercitan sanciones sobre aspectos que no son delitos ni infracciones expresas a las normas vigentes, incluyendo la fallida e inconstitucional norma arqueológica recientemente aprobada RM 020/2018
5. Los arqueólogos entrevistados coincidieron, en base a su experiencia, que el Reglamento aprobado el pasado enero de 2018, pone en serio riesgo el patrimonio arqueológico boliviano, obstaculiza la labor de protección y conservación que realizan los profesionales arqueólogos que trabajan para proyectos de infraestructura pública y privada y promueven serios riesgos de destrucción o pérdida de los bienes  arqueológicos rescatados, debido a que obligan a los gobiernos municipales a hacerse cargo de estos bienes, aun cuando tales entidades no cuentan con infraestructura, equipamiento, personal, presupuesto, conocimientos, ni instrumentos legales y administrativos para cumplir sus fines.
Como ejemplos son citados los gobiernos municipales de La Paz y Viacha, quienes se han negado a recibir el material arqueológico proveniente de importantes proyectos emplazados en su jurisdicción, debido a que estas entidades no cuentan con la infraestructura, equipamiento y presupuesto mínimamente requerido.
Sucede que los municipios obligados a acoger este material, principalmente los municipios pequeños, lo almacenan en algún depósito improvisado, junto con materiales de construcción, muebles en desuso, etc. con serio riesgo de su perdida o destrucción. Se conoce que ha sucedido en algún municipio, que por desconocimiento o premeditación, los funcionarios municipales se deshicieron de colecciones de bolsas conteniendo fragmentos de material arqueológico,  echándolos a la basura, enterrándolos o empleándolos como relleno para pavimentar los pisos de sus edificaciones.
6.  Se menciona en la nota, que la Ministra de Culturas y Turismo Wilma Alanoca, se comprometió a instruir que se corrija éste reglamento de manera participativa y consensuada con todos los actores involucrados, promesa que fue incumplida, pues van 11 meses desde que fuera aprobado y hasta la fecha no hubo acciones efectivas, sólo un par de reuniones fallidas que no hicieron mas que exponer la absoluta incompetencia de los directivos de la UDAM y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Culturas y Turismo (abril del 2018 a la fecha).
7. La foto central de la entrevista lleva como pie el texto: "Los arqueólogos reunidos determinan toma de acciones", afirmación que es completamente errónea, pues la reunión de la fotografía fue expresamente concertada para atender la nota periodística, y en ningún caso, para determinar algún tipo de acción conjunta.
8. En un recuadro central se indica que, "Los arqueólogos afirman que la UDAM realiza observaciones "no reales" a los proyectos, por lo que la SALP enviará  notas notariadas al Viceministro Feliciano Vegamonte". Lo expresado por los miembros entrevistados de la SALP fue, que dado el manejo abusivo y sin apego a la norma vigente, por parte de la UDAM, respecto a los proyectos e informes de los arqueólogos, se ha advertido y sugerido a los afectados, que envíen sus cartas de reclamo notariadas, a fin de tomar previsiones e ir substanciando antecedentes para implementar un proceso legal que impugne la norma y defienda los derechos de los profesionales frente al manejo discrecional y abusivo que se hace del proceso de autorización.
8. En el mismo apartado central, se menciona que instituciones como el MUSEF, la ABC y la Carrera de Arqueología de la UMSA aún desconocen oficialmente la norma aprobada, tales notas que fueron publicadas por la SALP en el siguiente link: https://notisalp.blogspot.com/2018/06/el-conflicto-por-el-reglamento-de.html.
9. Cuando la nota indica que los arqueólogos se ven obligados a efectuar los análisis del material en sus casas, se refiere a que como son consultores independientes, muchos de ellos tienen sus gabinetes, laboratorios o talleres en sus domicilios, que es donde se efectúa el análisis del material. Actualmente son pocas las empresas constructoras o contratistas independientes que disponen de infraestructura y condiciones para que el arqueólogo efectúe sus análisis del material recuperado en la obra. Esta practica viene desde hace mucho y no existe normativa expresa al respecto. Sin embargo, este hecho es siempre aprobado por la UDAM, pues identificar e informar donde estará depositado el material es un requisito exigido a tiempo de presentar el proyecto de intervención.
10. Finalmente, la SALP exige que se abrogue o se corrija substancialmente el Reglamento de Autorizaciones citado,  a la mayor brevedad posible, mediante un proceso participativo y sin discriminación, persecución, amenazas o represalias, como las que se han orquestado en los últimos 8 meses desde la UDAM. En tal sentido la SALP se encuentra en estado de emergencia y ha declarado desde entonces, que el actual Jefe de la UDAM no es un interlocutor válido y confiable para la colectividad arqueológica y académica de arqueología.



2 de diciembre de 2018

LISTA DE MIEMBROS DESAFILIADOS (EXCLUIDOS E INHABILITADOS) DE LA SALP POR DECISIÓN DE DIRECTIVA (R.O. II/2018)

En cumplimiento de los estatutos y Reglamento Interno de la Sociedad de Arqueología de La Paz, en Reunión Ordinaria II/2018, llevada a cabo en fecha 4 de octubre del 2018 se ha resuelto la desafiliación de un grupo de 26 miembros inscritos en la Sociedad de Arqueología de La Paz entre febrero del 2006 y diciembre del 2017. El Estatuto de la organización en sus artículos 19 y 20 expresan lo siguiente:

"Artículo 19º.- (EXCLUSIÓN DE UN ASOCIADO).- Los asociados podrán ser excluidos de la asociación por las siguientes razones:

a)    Por renuncia voluntaria expresada de forma escrita al Directorio y/o los comités de apoyo
b)    Por incumplimiento del Estatuto Orgánico, Reglamento Interno y normas de la Asociación.
c)    Por conducta violatoria de las normas éticas de la Asociación o acciones probadas que vayan en perjuicio del patrimonio arqueológico de la región o el país.
d)    Por incumplimiento de las obligaciones económicas propias de cada asociado.

Artículo 20°.- (INHABILITACIÓN DE UN ASOCIADO)  Un asociado se inhabilita por las siguientes causales:

b)    (SUSPENSIÓN) La Asamblea, mediante voto de la mayoría absoluta, podrá determinar, la suspensión de alguno de los asociados por cualquiera de las siguientes causales:

1.- Incumplimiento reiterado de las obligaciones señaladas en el presente Estatuto, Reglamento Interno y resoluciones de sus órganos competentes, así como por infidencia o inconducta en asuntos relacionados al funcionamiento de la Asociación.
2.- Por representación indebida ante la Asociación, por no contar con las autorizaciones necesarias otorgadas por autoridad competente de acuerdo al presente Estatuto y Reglamento Interno.
3.- Por uso indebido del patrimonio institucional de la Asociación.
4.- Por violación o faltas contra los principios éticos de la Asociación.

      c) (RENUNCIA) Los asociados podrán retirarse voluntariamente presentando su renuncia por escrito a la Asamblea, dirigida al Presidente y con efecto inmediato. La renuncia no libera del cumplimiento de cualquier obligación económica u otra, que el asociado tuviese pendiente con la Asociación, hasta la fecha de la presentación de la renuncia." 

El Código de ética de la SALP citado en ambos artículos se halla ubicado en el capítulo IV del Reglamento Interno de la Organización que expresa lo siguiente:


PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
 Artículo 31.- La construcción participativa y democrática de un código de ética institucional concentrado en identificar valores y principios éticos, puede contribuir significativamente a abordar el cambio o, más bien, a la innovación institucional por la vía de las personas, sus prácticas de trabajo, sus actitudes y sus comportamientos respecto de los intereses y fines de la Asociación.  En este sentido se plantean los siguientes principios básicos:

  1. Todo miembro de la Asociación denominada: Sociedad de Arqueología de La Paz, cuya sigla es SALP, mas que cualquier otro ciudadano debe observar, cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos y reglamentos que regulan el manejo y protección del Patrimonio arqueológico, así como aquellos que norman el desempeño profesional de todas las disciplinas, en especial de la Arqueología.
  2. Ningún miembro de la Asociación podrá atribuirse títulos (doctorado, licenciatura u otro) si estos no han sido conferidos por entidades académicas.
  3. Ningún miembro de la Asociación efectuara acciones deliberadas que pongan en peligro materiales y contextos que pertenecen al Patrimonio Arqueológico, estando obligado a denunciar cualquier acción que afecte al patrimonio arqueológico y/o vaya en contra de la ética profesional. Asimismo, la asociación como ente orgánico, esta obligada a investigar tales hechos para su posterior denuncia pública.
  4. Los miembros de la Asociación darán un manejo legítimo y responsable de la información generada a partir de hallazgos o investigaciones arqueológicas. Respetando la propiedad intelectual sobre los derechos de autor, y examinando las fuentes de la información sobre la integridad del Patrimonio Arqueológico involucrado.
  5. Más allá del apego a los procedimientos y metodologías de la propia disciplina, los miembros de la asociación denominada: Sociedad de Arqueología de La Paz, cuya sigla es SALP, deben actuar con el máximo respeto a los valores culturales, jerarquías y decisiones de las comunidades.
  6. Todo miembro de la Asociación está obligado a respetar los restos humanos funerarios arqueológicos más allá de cualquier argumento científico, evitando su levantamiento, manipuleo o almacenamiento sin la disposición de los medios tecnológicos necesarios para su conservación y estudio.
  7. La intervención en un contexto arqueológico será con fines explícitamente científicos, asegurando un apropiado registro de los contextos de proveniencia de los datos, con el objetivo de generar viabilidad a investigaciones futuras que permitan complementar o contrastar los resultados obtenidos.
  8. Con respecto a la difusión del conocimiento de la práctica arqueológica, se informará de manera oportuna a las comunidades y población en general sobre los objetivos, procedimientos y resultados de los estudios o acciones  arqueológicas que se hubieran desarrollado en sus predios respondiendo de manera estricta al alcance y limitaciones que hubiera previamente establecido la comunidad para la intervención.
  9. Si durante los estudios o acciones se recuperan materiales arqueológicos, éstos deberán ser  entregados a las instituciones o entidades autorizadas por ley.
  10. En el  desarrollo de la dinámica de difusión e interlocución de temas que traten directa o indirectamente sobre el patrimonio arqueológico, los miembros de la Asociación deberán proceder conforme a los principios de libre expresión, pero respetando las múltiples concepciones que sobre el pasado poseen las personas y comunidades.
  11. Todo miembro de la Asociación está comprometido a discutir sus diferencias teórico metodológico con otros asociados en ámbitos profesionales pertinentes como foros, debates, congresos o a partir de publicaciones especializadas, con la altura correspondiente y evitando en todo momento denigrar públicamente a los asociados que no comulguen con sus ideas.
En tal sentido quedan separadas de la Sociedad de Arqueología de La Paz las personas que figuran en el siguiente cuadro, sobre cuyo desempeño profesional, académico o valores éticos profesionales no puede dar fé nuestra organización. Quienes fueron, en algún momento, representantes o miembros de alguna de las comisiones que conforman la SALP, están prohibidos de actuar en su nombre o el de la asociación.

Apellidos y Nombres.
No. de C.I. o Pasaporte
Renuncia voluntaria
Incumplimiento del Estatuto
Conducta violatoria de las normas éticas
Incumplimiento de obligaciones económicas
31
Catacora Alvarado Jaime Huber
058922 LP

X

X
4
Clavijo Prieto Paloma
3710574 PT

X

X
5
Durán Callisaya Luis
2349998 LP

X

X
7
Fernández  Murillo María Soledad
2635523 LP
X
X

X
8
Fontenla Alvarez Ruth
2704773 LP

X

X
37
Gutierrez Osinaga Daniel José
3329895 LP

X

X
10
Jiménez Balderrama Vanesa H.
3391906 LP
X
X

X
13
Martínez Delgado María Alejandra
3388353 LP

X

X
15
Mendoza España Velia Verónica
3429313 LP

X
X
X
35
Michel López Marcos Rodolfo
2469119 LP

X
X
X
16
Patiño Sánchez Tania Milenka
3364630 LP

X

X
17
Paz Soria José Luis
3381306 LP
X
X
X
X
19
Pérez Arias Adolfo Enrique
3344956 LP

X

X
21
Plaza Martínez Victor Williams
625248 OR
X
X
X
X
22
Plaza Martínez Ruden Manfredo
2758432 OR
X
X
X
X
23
Quispe Caballero Inés
5548460 PT

X

X
24
Quispe Paxi Israel Juan
6740155 LP

X

X
25
Ramos Fernández Mabel
5943418 LP

X

X
36
Rivera Casanovas Claudia Susana
2388579 LP

X

X
26
Rodas Sanjinez Dennise Mildred
4768782 LP
X
X
X
X
27
Sagárnaga Meneses Jédu Antonio
2064025 LP

X

X
28
Vasquez Vasquez Adrian Karol
6798685 LP

X

X
29
Villanueva Criales Juan Eduardo
4827752 LP

X

X
30
Viviani Burgos Luis Mario
4307642 LP

X

X
47
Juan Carlos Chávez


X

X
48
Roberto Carlos Hidalgo Rocabado
5997114  LP

X

X
 (i) El incumplimiento del Estatuto esta principalmente referido a la falta reiterativa a las reuniones ordinarias, extraordinarias, convocatorias especiales, elecciones y demás obligaciones que como asociado han adquirido al inscribirse.
 (ii) El incumplimiento de obligaciones económicas se refiere a la falta en el depósito de las cuotas anuales  que cada socio se ha comprometido a aportar a la asociación. Incluyen también otras deudas contraídas con la organización que se hallan en la categoría de mora.