La creación del Centro de
Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku (CIAT) en 1958, fue un
paso fundamental para la institucionalización de la investigación; no obstante, su inserción
dentro de una instancia de regulación y generación de políticas públicas
—orientadas a la protección y el fomento de la arqueología— tardó otros 17
años.
En esta comunicación elaboramos
una panorámica de lo que - desde la perspectiva de la Sociedad de Arqueología
de La Paz-, fue lo más destacado entre las luces y sombras de las distintas
administraciones y entidades nacionales encargadas de la arqueología nacional.
INSTITUTO NACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA (1975-1993)
Carlos Ponce Sanginés. Nacido
políticamente de la Cantera del Movimiento Nacionalista Revolucionario, se
formó académicamente en la disciplina del Derecho y de manera autodidacta en
Arqueología. Asumió tempranamente el reto de investigar los orígenes de las
culturas prehispánicas del occidente boliviano bajo una óptica fuertemente
influida por su militancia política. Tras crear el Centro de Investigaciones
Arqueológicas de Tiwanaku (CIAT) en 1957 y liderar un ambicioso proyecto de excavaciones y
reconstrucción en Tiwanaku, fundó el Instituto Nacional de Arqueología (INAR) en
1975, a partir del cual impulsó el desarrollo de una Normativa Nacional para
proteger el Patrimonio boliviano; promovió la institucionalización de la
disciplina y su expansión nacional, además de desarrollar proyectos en Tiwanaku
y otros lugares de Bolivia, incluyendo la catalogación de todos los sitios
arqueológicos a nivel nacional. Fue la época con mayor generación de material
bibliográfico por parte de la entidad, particularmente centrado en Tiwanaku y
las culturas del occidente boliviano. Tras 25 años de años de liderar la
arqueología boliviana con un cariz fuertemente autoritario, dejó el INAR el año
1982 aduciendo razones personales.
Jorge Arellano López. Ingeniero
geólogo de profesión; muy afín a Carlos Ponce Sanginés, manejó los destinos de
la arqueología boliviana por 2 años (1983 – 1985) tras la salida de Carlos
Ponce Sanjinés en 1982.
Impulsó la catalogación de sitios
arqueológicos de La Paz, desarrollando nuevos proyectos de investigación con
universidades extranjeras y promoviendo la formalización del trabajo
arqueológico del equipo de investigación del INAR. Vivió un importante recorte
en el presupuesto estatal debido a una reestructuración propiciada por el
gobierno de la UDP,
además de la turbulenta ocupación de las ruinas del área arqueológica de
Tiwanaku por activistas partidarios. Intentó mantener la dirección que Carlos
Ponce le dio a la institución en los 7 años previos.
Carlos Urquizo Sossa. Profesor
y pionero de los guías de turismo, dirigió el INAR entre 1985 y 1989, propiciando
el resurgimiento de la entidad luego del oscuro capítulo vivido durante la
UDP. Continuó con el trabajo de Arellano y Ponce mediante la implementación de
proyectos en la cuenca lacustre, entre ellos nuevas intervenciones extensivas
en las pirámides de Pumapunku y
Akapana. Generó el acuerdo, entre el INAR y la UCB-UAC
Tiwanaku, para la recuperación y rehabilitación de camellones en Tiwanaku
(proyecto Rehasuc). También suscribió el contrato entre la INAR y la Universidad
de Chicago, para la realización del Seminario Internacional de Excavaciones
Arqueológicas (con sede en Tiwanaku), para excavaciones en Akapana y Putuni.
Oswaldo Rivera Sundt. Economista
de formación, políticamente ligado a Acción Democrática Nacionalista, ingresó al
INAR durante la gestión de Carlos Ponce Sanginés; llegó al cargo de Director
del INAR en 1989 y fue sustituido en 1992. Se ocupó de administrar de manera
ejecutiva y ágil las acciones de la arqueología de investigación. Implementó
proyectos de investigación en Tiwanaku, Lukurmata, Iskanwaya y Samaipata entre
otros. Le dio mayor capacidad administrativa al INAR. Su principal hito es la
rúbrica del contrato entre la INAR y la Universidad de Chicago, para la
realización del proyecto Wilajawira (investigaciones en Lukurmata, Pajchiri,
Wankani y Tiwanaku). Abruptamente cesado en el cargo, en marzo de 1992, por el
entonces director del Instituto Boliviano de Cultura (IBC) Fernando Cajías de la Vega.
Juan Albarracín Jordán. Arqueólogo.
Asumió la responsabilidad de dirigir el INAR entre 1992 y 1993. Dirigió la
institución en medio de la implementación de una serie de nuevas medidas
lanzadas en el ámbito del medioambiente y la cultura. Abrió paso al
trabajo de arqueólogos profesionales y dio continuidad a los trabajos
arqueológicos en Tiwanaku y otras regiones en la cuenca del Lago Titicaca.
Buscando actualizar y difundir
los conocimientos en el ámbito arqueológico, dio continuidad a la segunda Mesa Redonda
de Arqueología Boliviana, cuya primera versión había sido realizada en el año de
1953. Impulsó la total dependencia del Instituto Nacional de Arqueología hacia
el nivel central del Estado, mediante su asociación permanente al IBC (que se convertiría
-paulatinamente- en el Ministerio de Culturas), cuyas consecuencias se
continúan acarreando hasta el presente.
PERIODO DE TRANSICIÓN ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA (1993
– 1997)
Oswaldo Rivera Sundt. Economista
de formación. Asumió nuevamente las riendas de la institución entre 1993 y
1997, asumiendo mandatos que la Ley de Descentralización Administrativa dictaba
para todas las entidades descentralizadas dependientes del estado que se
asumían como nacionales, entre ellas el Instituto Nacional de Arqueología, para
que tales se conviertan en instancias ejecutivas de fiscalización o generación
de políticas públicas.
Fomentó la investigación y
consolidó la presencia de la arqueología en el nivel estatal. No obstante, que
sus atribuciones se circunscribían a la fiscalización y la generación de
políticas públicas, persistió en el manejo y ejecución de proyectos e
intervenciones directas, aspecto que inició un lamentable periodo de conflictos
de intereses, tráfico de influencias y prácticas poco transparentes. En su
gestión se implementaron los primeros estudios de impacto arqueológico bajo la
ley 1333 de Medio Ambiente, particularmente en la construcción de las redes de
transporte de hidrocarburos.
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA - DINAAR (1997 – 2000)
David de Rojas Silva.
Arqueólogo boliviano con grado de doctorado que fue repatriado del Perú a
inicios de los años 90 para que dictase clases en la Carrera de Arqueología de
la Universidad Mayor de San Andrés. Asumió el cargo principal de la Dirección
Nacional de Antropología y Arqueología (DINAAR) entre los años 1997 y 1998. Renovó
la normativa arqueológica nacional (Reglamento de Excavaciones Arqueológicas),
pero fue retirado de sus funciones, debido a una gestión negligente en la
protección del patrimonio, siendo un ejemplo de su deficiente desempeño la
destrucción de importante patrimonio arqueológico en un tramo cercano al área
monumental de Tiwanaku, durante la construcción del camino La Paz - Desaguadero.
En este lamentable hecho también estuvo involucrada la Prefectura Departamental
de La Paz junto con arqueólogos recientemente egresados de la Carrera de
Arqueología de la UMSA.
José Felipe Teijeiro. Antropólogo
de profesión; ocupó el cargo por un corto periodo entre 1998 y 1999. Manejó la arqueología
sin darle la importancia y trascendencia que requería, constituyendo así una
dirección de corte casi transitorio.
Javier Escalante Moscoso. Originalmente
Arquitecto de profesión, se licenció también en Arqueología en la Universidad
Mayor de San Andrés. Dirigió la DINAAR entre 1999 y 2000. Debido a modificaciones
estructurales en la administración central del Estado, durante su gestión la
jerarquía de la arqueología descendió de una posición de Dirección a una de Unidad
dentro de la estructura administrativa de cultura y educación (Gobierno del
Gral Hugo Banzer).
Su administración no tuvo la
trascendencia esperada, más por el contrario, supuso la pérdida de ítems
vinculados a la gestión técnica de la arqueología nacional, la reducción de personal
especializado y la contratación de estudiantes y egresados poco calificados de
la Carrera de Arqueología de la UMSA, cuyo desempeño posterior afectaría
dramáticamente la integridad del Patrimonio Arqueológico y la reputación de la
institución.
UNIDAD NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA
(2000 – 2011)
Este periodo inició el tránsito a
la desintegración de la gestión de la arqueología boliviana, caracterizado por
la inclusión de personal poco calificado, la inexistencia de instrumentos de
gestión para la investigación o la arqueología preventiva, el manejo de
colecciones y museos; todo lo cual derivó finalmente en la implementación de
acciones improvisadas y discrecionales. La propia entidad manejó proyectos
siendo juez y parte, designando egresados o estudiantes como codirectores de
proyectos de investigación extranjeros, casi siempre elegidos según su afinidad con las
autoridades de turno.
Numerosos escándalos sobre malos
manejos y negligencia en la protección de patrimonio saltaron a la luz, entre
ellos los casos de Pumapunku y Akapana denunciado por la SALP, o la instalación
de escuelas de campo extranjeras dentro del área monumental de Tiwanaku.
Javier Escalante Moscoso. Tras
el descenso de jerarquía administrativa, continuó como Jefe de la recientemente
creada Unidad Nacional de Arqueología (UNAR) entre los años 2000 a 2009, siendo
prácticamente intocable entre los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga,
Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Evo Morales.
Promovió la declaración de
Tiwanaku como Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO), impulso y ejecutó
desde esa entidad varios proyectos en Tiwanaku con financiamiento de la CAF,
BID y otras organizaciones de cooperación bilateral (Suiza, Finlandia,
Alemania, Japón, entre otros). Fomento la investigación vía convenios con
universidades extranjeras.
Diversos hechos de corrupción se
denunciaron en su gestión, principalmente ligados a tráfico de influencias,
negligencia en la implementación de proyectos (Akapana, Pumapunku) y conflicto
de intereses en la ejecución de servicios por parte de la UNAR. Fue suspendido
de sus funciones debido a investigaciones ligadas a fallas críticas y tráfico
de influencias en la construcción de Museo
Lítico de Tiwanaku.
Pablo Rendón. Licenciado
en arqueología por la Universidad Mayor de San Andrés. Dirigió la UNAR de
manera interina entre los años 2009 y 2010, siendo destituido tras la
intervención de la UNAR por nuevos hechos de corrupción. Salió en medio de un
escándalo relacionado a la pérdida de documentación institucional y de piezas arqueológicas
que formaban parte del fondo museístico del Museo Nacional de Arqueología.
María Soledad Fernández. Arqueóloga.
Fue designada como jefa interina de la UNAR, tras la intervención que diera fin
a la gestión de Pablo Rendón. Sin experiencia en gestión pública, su
administración duró algunos meses del año 2010.
Si bien, Intervino la UNAR en
medio de un escándalo de corrupción y pese a los sólidos argumentos que la
apoyaban, fue observada por llevar adelante la intervención sin seguir los
pasos administrativos y legales, lo cual precipitó su renuncia.
UNIDAD DE ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS
(2011 -2020)
José Luis Paz. Arqueólogo.
Manejó la UNAR entre los años 2010 y 2011, tras haber ingresado mediante un
concurso de méritos. Desarrolló un marco de funciones para la denominada Unidad
de Arqueología y Museos (UDAM), que fuera creada en su gestión.
Abandonó el puesto de jefe de la
UDAM, con el objetivo de ocupar el cargo de director de Patrimonio en el
Ministerio de Culturas; sin embargo, a los pocos días fue retirado. Su gestión
no tuvo mayor trascendencia salvo el cambio de algunos funcionarios fuertemente
cuestionados que fueron heredados de las gestiones anteriores.
Pese a existir importantes fondos
de la Cooperación Internacional a disposición de la protección del Patrimonio Arqueológico,
su gestión manchada por conflictos con otros sectores de la arqueología, no
logró la concreción de proyectos tangibles y consecuentemente gran parte de los
fondos fueron reasignados a otras áreas del estado, perdiéndose una oportunidad
inestimable para la protección del Patrimonio Arqueológico, particularmente del
entorno del Lago Titicaca.
Jimena Portugal Loayza. Licenciada
en Antropología y Arqueología por la Universidad Mayor de San Andrés. Fue
designada como jefe de la UDAM por algunos meses durante el periodo
2011. Sin ninguna experiencia en el ámbito de la administración
pública, ni del patrimonio; ingresó gracias al apoyo del entonces Director de
Patrimonio, el arqueólogo Marcos Michel. Durante su gestión, Intentó aprobar
una norma irregular y lesiva al Patrimonio Arqueológico y a los intereses de la
comunidad arqueológica en beneficio de un estamento privilegiado de arqueólogos
que trabajaban en el ámbito de la consultoría en arqueología preventiva. Fue retirada en medio de denuncias y demandas
de negligencia y discriminación.
Julio Ballivian Torrez. Arqueólogo
de profesión, asumió el cargo el año 2011 inmediatamente después de licenciarse
de la carrera de Arqueología de la UMSA, sin poseer ninguna experiencia en la administración
pública. Su gestión se extendió hasta el año 2015. Su designación también respondió a una
decisión del mencionado Director de Patrimonio (Marcos Michel).
En su gestión se aprobó un
reglamento para actividades arqueológicas muy cuestionado y rechazado por la comunidad arqueológica debido al excesivo control que imponía y a la desviación
conceptual de sus definiciones. Formó parte del equipo de elaboración de la Ley
de Patrimonio 530, la cual fue aprobada con numerosas falencias y vacíos. Durante
su administración se propició el empleo del sitio arqueológico de Tiwanaku como
un centro de eventos políticos oficialistas del partido de gobierno (Movimiento
al Socialismo), los cuales se llevaron a cabo con insuficientes resguardos ni
medidas de protección para el yacimiento arqueológico, tambien se dio paso a la
realización de conmemoraciones del solsticio del 21 de junio en sitios de alta
vulnerabilidad. Se dio carta blanca al paso de la competencia del DAKAR en lugares delicados y de alta vulnerabilidad para el Patrimonio Arqueológico, Histórico
y Natural boliviano, De igual manera, se permitió a las cooperativas mineras dañar
severamente varios monumentos nacionales como los caminos prehispánicos del
Takesi y el Choro, situación que fue denunciada por la Gobernación de La Paz y
asociaciones protectoras del patrimonio.
Salió en medio de denuncias de
negligencia que implicaron a las autoridades de Patrimonio y arqueología.
José Luis Paz. Retornó a
la jefatura de la UDAM entre 2015 y 2018. Accedió al cargo con el apoyo
político del exviceministro de gobierno Rodolfo Illanes, las autoridades de
Tiwanaku y algunos miembros de la comunidad arqueológica local. Tuvo un buen
inicio de gestión, con buenas ideas e intenciones de cambiar la situación de la
gestión estatal de la arqueología. Sin embargo, su subordinación a instancias
superiores de corte político le impidieron el logro de mayores avances.
Su gestión afrontó numerosas denuncias
de acoso y persecución por parte de otros arqueólogos del gremio. Confrontó no
sólo a las autoridades de la Carrera de Arqueología de la UMSA sino a la
comunidad arqueológica nacional. Denuncias de negligencia, tráfico de
influencias y persecución política; las cuales terminaron por alejarlo del
cargo. Durante su administración se elaboró y aprobó una norma sobre ejecución
de trabajos arqueológicos en obras públicas y privadas, la cual fue duramente
cuestionada por sus falencias técnicas y legales, así como por sus vacíos en
torno al accionar de los proyectos de investigación y la gestión de Museos.
Manejó de manera discrecional varios
proyectos y fondos de cooperación, entre ellos el Proyecto Belga del Lago
Titicaca, el cual fue llevado adelante luego de desvincular de manera unilateral la participación de la Carrera de Arqueología de la UMSA (instancia
que formaba parte del convenio inicial), con una clara afectación académica y
económica para esta. De igual manera, otros proyectos de la cooperación suiza y
española ligados a conservación y normativa, fueron manejados de manera
irregular. Salió en medio de un escándalo vinculado al seguimiento y manejo de un sitio Inka encontrado en Viacha.
María Cecilia Gánem Urgel.
Arqueóloga licenciada por la Universidad Mayor de San Andrés. Dirigió la UDAM
entre 2018 y 2019. Sin ninguna experiencia ni capacidad en la administración
pública, asumió el cargo después de una larga acefalía; siendo su principal fin
mantener funcionando el aparato administrativo de la arqueología preventiva.
Ninguna política precedente fue
cambiada, modificada o renovada durante su gestión, manteniendo y aprobando en
todas sus acciones el uso y abuso de las normas elaboradas y promulgadas por su
antecesor. Salió de manera intrascendente unos meses después de haberse dado el
cambio de gobierno.
Daniel Oropeza.
Historiador de profesión. Administró la UDAM dentro de un periodo de emergencia
y desinstitucionalización de la gestión arqueológica, extendido entre 2019 y
2020.
Promovió la elaboración de un
nuevo reglamento y la articulación de la comunidad arqueológica para trabajar
en un instrumento normativo que fuera útil para la protección del Patrimonio Arqueológico
y para facilitar el trabajo de los arqueólogos que lo protegen y estudian. Sin
embargo, su falta de celeridad evitó la concreción de estas iniciativas.
Salió como resultado de las
erráticas políticas del Gobierno de Añez y Víctor
Hugo Cárdenas, con relación a la Cultura y la educación nacional.
María Cecilia Gánem Urgel.
Asumió el cargo por segunda vez el año 2020, extendiendo su gestión sólo por
algunos meses. Su presencia en la Unidad de Arqueología y Museos fue el punto
final previo a la desintegración de la entidad en la estructura administrativa
de cultura.
Raúl Silva Segales. Pastor
cristiano y oficial de policía. Estuvo a cargo de la UDAM mientras se
encontraba cerrada durante el año 2020. Fue designado de forma totalmente irregular por el entonces ministro de Educación Victor Hugo Cárdenas, (que pasó
a hacerse cargo de la cartera de Estado relacionada con cultura) , tras la
desaparición de la UDAM.
Se desconoce cualquier informe de
descargo realizado por esta persona, cuyas "credenciales" ni siquiera
se relacionaban lejanamente con la gestión cultural, y su nombramiento fue
razón para todo un movimiento en el fuero arqueológico, relacionado con la
necesidad de refundar, bajo parámetros legales, la institución que encabezaba.
UNIDAD DE MUSEOS, ARQUEOLOGÍA
E INVESTIGACIÓN - UMAI (2021 - 2023)
Santiago Gutiérrez. Tuvo la responsabilidad de dirigir la entidad
con la denominación de Unidad de Museos, Arqueología e Investigación (UMAI)
creada a inicios del gobierno de Luis Arce Catacora (2021 a 2022). La SALP no
posee ninguna información relacionada con profesión o la gestión de esta
persona, a excepción de su nombre.
Víctor Plaza Martínez. Arqueólogo
de formación. Dirigió la UMAI entre los años 2022 y 2023. Estuvo a cargo de una
organización altamente debilitada y con escaso personal, inmerso exclusivamente
en procedimientos administrativos. Actualizó una batería de herramientas para la protección del patrimonio en el ámbito municipal con apoyo de la Cooperación Española, Intentó dirigir un proceso en contra de la empresa y los
arqueólogos que permitieron la destrucción de un sector del sitio arqueológico
de Tiwanaku durante la construcción del nuevo alcantarillado. Sin embargo, la
entonces Ministra de Culturas Sabina Orellana Cruz y otras autoridades
obstaculizaron su avance.
Durante su gestión se emitieron
algunas publicaciones de su autoría y compilados financiados por el Ministerio
de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.
UNIDAD DE HERENCIAS CULTURALES
MATERIALES - UHCM (2023 - 2025)
Tras una reforma en la
organización del Ministerio de Culturas, Descolonización y
Despatriarcalización, se desintegró la UMAI, la cual fue sumada con otro tipo
de actividades de gestión patrimonial en la denominada Unidad de Herencias
Culturales Materiales (UHCM) Con la aparición de esta entidad, se dio por
desaparecida la instancia técnica de gestión de la arqueología boliviana,
sumida en la más profunda y desastrosa crisis. Tal como vino ocurriendo entre
2006 y 2025, ninguna autoridad o técnico ingresaba al Ministerio de Culturas
sin militancia comprobada y sin un aval político.
Raúl Yujra. A cargo de
esta genérica entidad entre 2023 y 2024. Provenía del área de Turismo. Fue el
primero de una serie de "jefes" de Unidad que fueron designados y
retirados en tiempo récord, puesto que eran presionados, por sus
cargos superiores, para atender aspectos políticos con ninguna relación con el
área técnica específica (para la cual tampoco se hallaban capacitados).
Santiago Quintana. Arquitecto.
Estuvo a cargo unas semanas en 2024. Segundo profesional, sin capacidades
específicas, que fue retirado a sólo un mes de haber sido designado como jefe de unidad.
Ana Huanca. Arquitecta. También
designada políticamente en 2024; fue el tercer profesional sin capacidades o
formación específicas, que también fue retirada tras un mes de ser designada como jefe de
unidad.
Roberto Canales.
Ingeniero. Cuarto profesional, muy claramente sin capacidades específicas, que
fue removido pocos días después de su designación en como jefe de unidad
(2024).
Roger Cruz. Administró
la unidad entre 2024 y 2025. Arquitecto de profesión. Su gestión se caracterizó
por la disminución más drástica de técnicos arqueólogos que se haya registrado
en el Ministerio de Culturas (llegándose a contabilizar sólo dos funcionarios).
Además, es responsable de la elaboración y promulgación del Decreto Supremo Nº
5471, el cual reglamenta -deficientemente- aspectos de la inacabada Ley 530,
cuya ausencia de reglamentos específicos es lamentable y notoria.
APUNTES FINALES Y CONCLUSIONES
Tras medio siglo de haber
iniciado el proceso de incorporación de la gestión arqueológica en la
institucionalidad estatal boliviana, se pueden extraer las siguientes
observaciones y conclusiones sobre su trayectoria y resultados:
Inicialmente, es posible identificar con
claridad dos periodos diferenciados:
El primero, manejado por
arqueólogos empíricos liderados por Carlos Ponce Sanginés, bajo cuya dirección
se ejecutaron proyectos y se crearon herramientas técnicas y normativas. Si
bien los arqueólogos carecían de una formación académica o profesional, esta
era compensada por su compromiso, experiencia, capacidad técnica en campo y
motivación para difundir el conocimiento arqueológico en todos los espacios
posibles. Bajo el influjo estimulante y frecuentemente autoritario de Carlos
Ponce Sanginés, destacados investigadores como Maks Portugal Zamora, Gregorio
Cordero Miranda, José Estévez, Louis Girault, Juan Faldín, Jorge Arellano, Waldo
Villamor, Félix Tapia Pineda, Jedú Sagárnaga, Eduardo Pareja y Oswaldo Rivera
Sundt y otros, implementaron proyectos e intervenciones arqueológicas en buena
parte del territorio nacional y publicaron incesantemente sobre la arqueología
boliviana.
El segundo, estuvo marcado por el
relevo de los denominados “arqueólogos empíricos”, por aquellos formados en las
aulas universitarias, la mayoría de los cuales ingresaron sin haber completado
los requisitos para el ejercicio legal de su profesión. En este periodo algunos
arqueólogos que acompañaron a Ponce en la primera etapa, se matricularon y
completaron sus estudios universitarios en la carrera de arqueología. Durante
la primera parte de este segundo periodo, casi la totalidad de los funcionarios
que ocuparon la máxima posición en la gestión arqueológica fueron profesionales
en arqueología. En los últimos 6 años, el requisito de ser arqueólogo
profesional para asumir el principal cargo fue pasado por alto, en abierta
violación a la propia Ley de Patrimonio 530, que hace específica la vinculación
profesional para el trabajo o la toma de decisiones sobre el patrimonio
arqueológico boliviano.
Es así que, la arqueología
pasó de tener un instituto con peso propio y competencias para la investigación,
a una instancia administrativa genérica, que se diluyó en la burocracia
administrativa ministerial, zozobrando en acciones centralizadas, ineficientes,
improvisadas, discrecionales y poco transparentes de supervisión y fiscalización, debido principalmente a la escasa formación
en este ámbito por parte de quienes ocuparon los principales cargos.
Es correcto afirmar, que la
gestión de la arqueología estuvo politizada desde sus inicios, pero que durante
los últimos 20 años la selección de directores pasó de considerar los perfiles
académicos a simplemente ponderar los méritos y avales políticos, muchas veces
a costa de incurrir en terribles violaciones de la Ley 530 y delitos en contra
del Patrimonio Arqueológico Nacional.
La falta de una normativa técnica
y jurídicamente bien diseñada, la politización de las decisiones y la
negligencia administrativa en el Ministerio de Culturas han permitido daños
físicos en sitios y monumentos importantes como Tiwanaku, Pumapunku, Akapana,
Isla del Sol, Samaipata, Iscanwaya, o caminos prehispánicos como Takesi, El
Choro o Chuñavi.
La ruptura constante entre las
autoridades del Ministerio de Culturas con la Universidad Mayor de San Andrés,
la Sociedad de Arqueología de La Paz y diversos sectores de la colectividad
arqueológica han contribuido a agravar la crisis de la arqueología boliviana,
tanto en los sectores de investigación como en el cumplimiento de las normas
sobre protección de patrimonio.
Finalmente, se concluye que lo que actualmente hemos obtenido en la institucionalidad sobre gestión del Patrimonio Arqueológico, en todos los
niveles de administración estatal, no es ni por asomo, lo que se esperaba
lograr tras 50 años de haberse iniciado este difícil y peleado proceso.
