PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO: LA DISYUNCIÓN ENTRE LA PRÁCTICA Y EL DISCURSO

Una reflexión a partir de un sitio arqueológico
Qiwaya es una isla situada al sureste del lago Titicaca, en la provincia Los Andes del departamento de La Paz, Bolivia. Allí, emplazadas en el sector sur de la referida isla, se yerguen decenas de estructuras arquitectónicas de carácter mortuorio, todas construidas de piedra, encima de llamativas plataformas de terrazas levantadas en la superficie inclinada del terreno. Los últimos estudios arqueológicos efectuados por investigadores del proyecto arqueológico “Chullpa Pacha 98” (1998), reflejan la enorme importancia científica de la manifestación cultural prehispánica, que se estima, corresponde a periodos post Tiwanaku presente en la isla.
En este sitio, las autoridades municipales de la jurisdicción de Puerto Pérez (según se tiene referencias), recientemente inauguraron una extensión del camino carretero de la Isla Qiwaya con dirección a la Isla Pariti, prolongación que abrió una brecha, por demás distintiva, en medio de una importante porción del sitio arqueológico mencionado (foto 1). Como resultado de ello, secciones desaparecidas de calzadas contemporáneas al sitio (foto 2), así como muros de contención y plataformas de terrazas seccionadas, exponen hoy la estructura interna de aquel emplazamiento prehispánico, reclamando silenciosamente, a la reflexión por parte de sus ejecutores, acerca del entendimiento, comprensión y valoración de la frase “Patrimonio arqueológico boliviano”. Este “moderno” camino “construido” entre las inestables estructuras arquitectónicas de probada data precolombina, permite vislumbrar que más allá de las normativas vigentes, de las responsabilidades administrativas de las instituciones llamadas por ley, y de los derechos y obligaciones que cada uno de los ciudadanos posee, existe una evidente separación entre dos posturas nítidamente diferenciables: lo ideal y lo real. El primero, formado por una serie de normativas que rigen la protección de los sitios arqueológicos, instituciones concebidas como agentes de control y aplicación correcta de aquellos reglamentos, e individuos dotados de ciertos derechos y obligaciones capaces de entender, planificar, y desarrollarse en virtud de la perspectiva de su herencia. Y el segundo, en cambio, con ausencia casi total de autoridad local del que hacer de la cultura (salvo algunas excepciones) respecto de la comprensión de la palabra “patrimonio”. En consecuencia, estas posturas llevan a plantearnos algunas interrogantes básicas: ¿Quienes son, verdaderamente, los herederos del patrimonio arqueológico capaces de sentir suyo el legado existente en su territorio?, ¿Qué valor tiene el patrimonio arqueológico frente a otras pertenencias? ¿Cuáles son las estrategias y acciones que realizan por proteger, conservar y valorar el significado de su patrimonio y con que frecuencia lo realizan?. Es claro que la dificultad por responder adecuadamente estas esenciales preguntas, encarna la existencia de dos universos absolutamente distintos: acciones disímiles a los discursos y a la normativa vigente.
Tenemos entendido que autoridades del nivel de gobierno iniciaron ya sus acciones legales al respecto, algo verdaderamente loable; pero en tanto no exista mayores esfuerzo por estrechar la brecha que separa las dos posturas referidas, sitios arqueológicos como el de Qiwaya, y otros dispersos en territorio nacional, serán deteriorados y destruidos irremediablemente, sin que nadie vele por ellos, salvo las propias cualidades duraderas con las que sus constructores las erigieron. Entre tanto, se espera que este sea el momento oportuno para que las autoridades convocadas por norma (estatales, municipales y prefecturales), marquen un punto de inflexión para la mejor suerte de nuestros recursos culturales.

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