La Prefectura es la principal responsable de la destrucción de mas de 200 tumbas prehispanicas producto de la apertura del camino carretero Umacha - Ambaná a cargo de las empresas constructoras SILES y REEDCO (subcontratista y contratista , respectivamente), quienes no solamente afectaron con maquinaria pesada el sitio, sino que - a partir de sus responsables de campo - impulsaron a sus trabajadores a saquear todas las tumbas detectadas en el lugar. El hecho se ve agrabado por el proyecto no cuenta con un correcto estudio ambiental, aspecto que es responsabilidad de la Prefectura y tambien de la empresa contratista.
De un tiempo a esta parte, las Prefecturas y los Gobiernos Municipales que encaran obras camineras o de infraestructura productiva dentro de sus municipios, no cumplen con los requisitos ambientales - o en su defecto - se valen de una suerte de influencias ilícitas, informes antiéticos y mentirosos de consultores ambientales y/o mecanismos de corrupción para conseguir categorias 3 o 4 para todo tipo de proyectos (las categorias 3 y 4 no obligan a estudios ambientales más profundos a la empresa que los va a ejecutar), inclusive los que comprometen áreas protegidas o sitios arqueológicos. El estado debería hacer una auditoria técnica a la repartición estatal responsable de emitir las licencias ambientales donde seguro destaparia muchisimos casos de corrupción y tráfico de influencias.
De un tiempo a esta parte, las Prefecturas y los Gobiernos Municipales que encaran obras camineras o de infraestructura productiva dentro de sus municipios, no cumplen con los requisitos ambientales - o en su defecto - se valen de una suerte de influencias ilícitas, informes antiéticos y mentirosos de consultores ambientales y/o mecanismos de corrupción para conseguir categorias 3 o 4 para todo tipo de proyectos (las categorias 3 y 4 no obligan a estudios ambientales más profundos a la empresa que los va a ejecutar), inclusive los que comprometen áreas protegidas o sitios arqueológicos. El estado debería hacer una auditoria técnica a la repartición estatal responsable de emitir las licencias ambientales donde seguro destaparia muchisimos casos de corrupción y tráfico de influencias.
Tanto las autoridades culturales de la Prefectura (Paola López y Sasansa Salcedo) como del SEDCAM (Ramiro Carrasco), han tratado de hechar la culpa a otras instancias, sin lograr su propósito, debido al trabajo de denuncia que el Centro Cívico del Cantón Ambaná ha realizado en los últimos 3 meses, quienes han logrado el apoyo de la prensa (Revista Chachapuma, La Prensa, entre otras), la Sociedad de Arqueología de La Paz, la opinión pública y diversas instituciones que defienden el patrimonio arueológico del departamento de La Paz. No obstante, la Prefectura (que debería ser la primera instancia para hacer cumplir las leyes en el departamento: [Prefecto Lic. Pablo Ramos]), la Empresa Constructora REEDCO (Christian Eduardo) y la Empresa Siles han hecho cuerpo para evitar o mitigar la responsabilidad penal que paesa sobre ellas.
Sabemos que, como muchos otros casos, el hecho ha entrado a un proceso judicial, pero como todos ellos, puede que el dinero, la miseria de los funcionarios estatales y la corrupción e incompetencia judicial permitan nuevamente a los culpables salir impunes.
Lo que hemos sabido hasta ahora, que como parte de un sana - sana pactado, la Prefectura ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas (IIAA) de la UMSA y la UNAR, para que en base a un presupuesto determinado se haga una prospección (a cargo del IIAA) y excavaciones de salvataje (a cargo de la UNAR) además de la promesa de construir un repositorio o museo en la localidad de Ambaná. En este camino, recientemente se ha llevado a cabo un Foro "La Cultura Mollo y el sitio Arqueológico Yacaspata de Ambaná", auspiciado por el Gobierno Mnicipal de Carabuco (uno de los corresponsables esta destrucción).
Creemos que las tareas arqueológicas deberian ser llevadas por gente idonea (arqueólogos profesionales) y supervisada por la UNAR, la cual debería excusarse de cualquier intervención directa pues compromete su responsabilidad de entidad tutora y rectora de la actividad arqueológica nacional. No queremos creer que la UNAR este involucrada nuevamente en la ejecución de obras, simplemente por el mezquino hecho de proveer de viáticos u otros ingresos adicionales a sus funcionarios.
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