Si bien la creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku (CIAT) en 1958 fue un paso fundamental para la institucionalización de la investigación arqueológica, su inserción dentro de una instancia de regulación y generación de políticas públicas a favor de la protección y el fomento a la investigación arqueológica tardó otros 17 años. En esta comunicación elaboramos una panorámica de lo que - en la mirada de la Sociedad de Arqueología de La Paz - fue lo más destacado que quedó, entre todas las luces y sombras que dejaron las distintas administraciones, de lo que fueron las entidades nacionales encargadas de atender la arqueología nacional.
INSTITUTO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA (1975-1993)
Carlos Ponce Sanginés. Su administración del INAR se extendió por 7 años (1975 – 1982). Tras crear el CIAT en 1957, liderar las excavaciones en Tiwanaku y desarrollar la investigación arqueológica de Tiwanaku fundó el Instituto Nacional de Arqueología -INAR- en 1975, a partir del cual desarrolló la normativa nacional, promovió la institucionalización de la disciplina y su expansión nacional, además de desarrollar proyectos en Tiwanaku y otros lugares de Bolivia, incluyendo la catalogación de todos los sitios arqueológicos a nivel nacional. Fue la época con mayor generación de material bibliográfico por parte de la entidad. Tras 25 años de años de liderar la arqueología boliviana dejó el INAR por razones personales.
Jorge Arellano López. Manejó los destinos de la arqueología boliviana por 2 años (1983 – 1985) tras la salida de Carlos Ponce Sanjinés en 1982. Impulsó la catalogación de sitios arqueológicos de La Paz, desarrolló nuevos proyectos de investigación con universidades extranjeras y promovió la formalización del trabajo arqueológico del equipo de investigación del INAR. Vivió un importante recorte en el presupuesto estatal debido a una reestructuración propiciada por el gobierno de la UDP, además de la turbulenta ocupación de las ruinas del área arqueológica de Tiwanaku por activistas partidarios. Intentó mantener la dirección que Carlos Ponce le dio a la institución en los 7 años previos.
Carlos Urquizo Sossa. Dirigió el INAR entre 1985 y 1989, propició el resurgimiento de la entidad, del oscuro capítulo vivido durante la UDP. Continuó con el trabajo de Arellano y Ponce mediante la implementación de proyectos en la cuenca lacustre, entre ellos nuevas intervenciones extensivas en las pirámides de Pumapunku y Akapana. Generó el acuerdo, entre el INAR y la UCB-UAC Tiwanaku, para la recuperación y rehabilitación de camellones en Tiwanaku (proyecto Rehasuc). También suscribió el contrato entre la INAR y la Universidad de Chicago, para la realización del Seminario Internacional de Excavaciones Arqueológicas (con sede en Tiwanaku), para excavaciones en Akapana y Putuni.
Oswaldo Rivera Sundt. Estuvo a cargo del INAR entre 1989 y 1992. Se ocupó de administrar de manera ejecutiva y ágil las acciones de la arqueología de investigación. Implementó proyectos de investigación en Tiwanaku , Lukurmata, Iskanwaya y Samaipata entre otros. Le dio mayor capacidad administrativa al INAR. Su principal hito es la rúbrica del contrato entre la INAR y la U. de Chicago para la realización del proyecto Wilajawira (investigaciones en Lukurmata, Pajchiri, Wankani y Tiwanaku). Abruptamente cesado en el cargo, en marzo de 1992, por el entonces director del Instituto Boliviano de Cultura (IBC).
Juan Albarracín Jordán. Asumió la responsabilidad de dirigir la UNAR entre 1992 y 1993, tras completar su doctorado en arqueología en el Southern Methodist University. Dirigió el INAR en medio de la implementación de una serie de nuevas medidas lanzadas en el ámbito del medioambiente y la cultura. Abrió paso al trabajo de arqueólogos profesionales y dio continuidad a los trabajos arqueológicos en Tiwanaku y otras regiones en la cuenca del Lago Titicaca. Sin embargo, no materializó la creación de una escuela arqueológica boliviana (como promulgaba). Propulsó la total dependencia del instituto hacia el nivel central del Estado, mediante su asociación al IBC (que se convertiría -paulatinamente- en el Ministerio de Culturas).
PERIODO DE TRANSICIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA (1993 – 1997)
Oswaldo Rivera Sundt. Estuvo a cargo del INAR entre 1993 y 1997, asumiendo mandatos que la Ley de Descentralización Administrativa dictaba para todas las entidades descentralizadas dependientes del estado que se asumían como nacionales, entre ellas el Instituto nacional de Arqueología, para que tales se conviertan en instancias ejecutivas de fiscalización o generación de políticas públicas. Fomentó la investigación y consolidó la institucionalidad de la arqueología en el nivel estatal. Durante su periodo de dirección se implementaron los primeros estudios de impacto arqueológico bajo la ley 1333 de Medio Ambiente, particularmente en la construcción de las redes de transporte de hidrocarburos.
DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA (1997 – 2000)
David de Rojas Silva. Arqueólogo boliviano que fue repatriado del Perú a inicios de los años 90 para que dictase clases en la Carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. Asumió el cargo de director del DINAAR entre los años 1997 y 1998. Actualizó la normativa arqueológica nacional (Reglamento de Excavaciones Arqueológicas), pero fue retirado debido a un una gestión negligente en la protección del patrimonio, siendo un ejemplo de su deficiente desempeño la construcción del camino La Paz - Desaguadero, que derivó en la destrucción de importante patrimonio arqueológico en un tramo cercano al área monumental de Tiwanaku. En este lamentable hecho estuvo tambien involucrada la Prefectura Departamental de La Paz.
José Felipe Teijeiro. Ocupó el cargo por un corto periodo entre 1988 y 1999. Manejó la arqueológía sin darle la importancia y trascendencia que requería, constituyendo así una dirección de corte casi transitorio.
Javier Escalante Moscoso. Dirigió esta entidad entre 1999 y 2000. Fue partícipe y colaborador para que la jerarquía de la arqueología descienda de una posición de dirección a una de unidad dentro de la estructura administrativa de cultura y educación (Gobierno del Gral Hugo Banzer). Su gestión no tuvo la trascendencia esperada, más por el contrario, supuso la pérdida de ítems vinculados a la gestión técnica de la arqueología nacional.
UNIDAD NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA (2000 – 2011)
Javier Escalante Moscoso. Tras el descenso de nivel en la administración pública de la arqueología, continuó como Jefe de la recientemente creada Unidad Nacional de Arqueología entre los años 2000 a 2009, siendo prácticamente intocable entre los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Evo Morales. Promovió la declaración de Tiwanaku como Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO), impulso varios proyectos en Tiwanaku con financiamiento de la CAF, BID y otras organizaciones de cooperación bilateral (Suiza, Finlandia, Alemania, Japón, entre otros). Fomento la investigación vía convenios con universidades extranjero. Diversos hechos de corrupción se denunciaron en su gestión, principalmente ligados a tráfico de influencias, negligencia en la implementación de proyectos (Akapana, Pumapunku) y conflicto de intereses en la ejecución de servicios por parte de la UNAR. Salió como producto de investigaciones ligadas a fallas críticas y tráfico de influencias en la construcción de Museo Lítico de Tiwanaku.
Pablo Rendon. Dirigió la UNAR de manera interina entre los años 2009 y 2010, siendo destituido tras la intervención de la UNAR por nuevos hechos de corrupción. Salio en medio de un escándalo sobre perdida de documentos y piezas del Museo Nacional de Arqueología.
María Soledad Fernández. Asumió audazmente la jefatura de la UNAR tras la intervención que diera fin a la gestión de Pablo Rendón. Su administración interina duró algunos meses del año 2010. Si bien, Intervino la UNAR en medio de un escándalo de corrupción y pese a los sólidos argumentos que la apoyaban, fue observada por llevar adelante la intervención sin seguir los pasos administrativos y legales, lo cual precipitó su renuncia.
UNIDAD DE ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS (2011 -2020)
José Luis Paz. Manejó los destinos de la UNAR entre 2010 y 2011, tras haber ingresado mediante un concurso de méritos. Desarrolló un marco de funciones para la denominada Unidad de Arqueología y Museos (UDAM), que fuera creada en su gestión. Atraído por el ofrecimiento de ocupar la posición de director de Patrimonio, abandonó el puesto de Jefe de la UDAM, pocos días después fue retirado. Su gestión no tuvo mayor trascendencia salvo el cambio de algunos funcionarios fuertemente cuestionados que fueron heredados de las gestiones anteriores.
Jimena Portugal Loayza. Fue designada como Jefe de la UDAM por algunos meses durante el periodo 2011. Sin ninguna experiencia en la administración pública ni del patrimonio ingresó apadrinada por su colega Marcos Michel, quien oficiaba de Director de Patrimonio. Intentó aprobar una norma irregular y lesiva a los intereses de la comunidad arqueológica en beneficio de un estamento privilegiado de arqueólogos que trabajan en el ámbito de la consultoría. Salió en medio de denuncias y demandas de negligencia y discriminación.
Julio Ballivian Torrez. Asumió el cargo inmediatamente licenciarse de la carrera de Arqueología de la UMSA, sin absolutamente ninguna experiencia en la gestión pública de la arqueología. Su gestión se extendió hasta el año 2015. Fue designado por el -entonces- Director de Patrimonio Marcos Michel. En su gestión se aprobó un reglamento para actividades arqueológicas muy cuestionado y rechazado por la comunidad arqueológica. Fue parte de la elaboración de la Ley de Patrimonio 530, que fue aprobada con numerosas falencias y vacíos. En su gestión se dañaron severamente varios monumentos nacionales como el camino de Takesi, el Choro y se implementaron proyectos de tinte político en Tiwanaku. Salió en medio de denuncias de negligencia que implicaron a las autoridades de patrimonio y arqueología.
José Luis Paz. Dirigió la entidad entre 2015 y 2018. Ascendió al cargo con el apoyo político del exviceministro de gobierno Rodolfo Illanes, las autoridades de Tiwanaku y algunos miembros de la comunidad arqueológica local. Tuvo un buen inicio de gestión, tornándose político, autoritario, déspota y persecutor del gremio en los siguientes años. Confrontó no sólo a las entidades de la Carrera de Arqueología de la UMSA sino a la comunidad arqueológica nacional. Denuncias de negligencia, tráfico de influencias y persecución política terminaron por alejarlo del cargo. En su gestión aprobó una norma sobre ejecución de trabajos arqueológicos en obras públicas y privadas que fue duramente cuestionada por sus falencias técnicas y legales. Manejó irregularmente varios proyectos, entre ellos el Proyecto Belga del Lago Titicaca y otros de la cooperación suiza y española ligados a conservación y normativa. Salió en medio de un escándalo vinculado al manejo de un sitio Inka encontrado en Viacha.
María Cecilia Gánem Urgel. Dirigió la UDAM entre 2018 y 2019. Sin ninguna experiencia ni capacidad asumió el cargo después de una larga acefalía, siendo su principal fin mantener funcionando el aparato administrativo de arqueología preventiva. Ninguna política precedente fue cambiada y apoyó en todas sus acciones el uso y abuso de las normas elaboradas y promulgadas por su antecesor. Salió de manera intrascendente unos meses después de haberse dado el cambio de gobierno.
Daniel Oropeza. Administró la UDAM dentro de un periodo de emergencia y desinstitucionalización de la gestión arqueológica extendido entre 2019 y 2020. Promovió la elaboración de un nuevo reglamento y la articulación de la comunidad arqueológica para trabajar en un instrumento normativo que sea útil para la protección del patrimonio arqueológico y sirva para facilitar el trabajo de los arqueólogos que lo protegen y estudian. Sin embargo, su falta de celeridad evitó la concreción de cualquier iniciativa que propuso. Salió como producto de las erráticas políticas del Gobierno de Añez y Víctor Hugo Cárdenas con relación a la Cultura y la educación nacional.
María Cecilia Gánem Urgel. Asumió el cargo por extensión de algunos meses durante la gestión 2020. Su presencia en la Unidad de Arqueología y museos sirvió para terminar de sepultar la institucionalidad de la arqueología boliviana. Llegó al gobierno de Añez para colaborar con la destrucción de la institucionalidad que costó tanto construir y por la cual los pioneros de la arqueología boliviana como Maks Portugal Zamora, Gregorio Cordero Miranda y Carlos Ponce Sanginés lucharon denodadamente.
Raúl Silva Segales. Estuvo a cargo de la UDAM mientras se encontraba cerrada durante el año 2020. Pastor y policía. Designado de forma totalmente irregular por el entonces ministro de Educación (que pasó a hacerse cargo de la cartera de Estado relacionada con cultura) Víctor Hugo Cárdenas, luego de desaparecer la UDAM. Se desconoce cualquier informe de descargo realizado por esta persona, cuyas "credenciales" ni siquiera se relacionaban lejanamente con la gestión cultural, y su nombramiento fue razón para todo un movimiento en el fuero arqueológico, relacionado con la necesidad de refundar, bajo parámetros legales, la institución que encabezaba.
UNIDAD DE MUSEOS, ARQUEOLOGÍA E INVESTIGACIÓN (2021 - 2023)
Santiago Gutiérrez. Desempeño la responsabilidad de dirigir la entidad con una nueva denominación a inicios del gobierno de Luis Arce Catacora (2021 a 2022). La SALP no posee ninguna información relacionada con la gestión de esta persona, a excepción de su nombre.
Víctor Plaza Martínez. Dirigió la UMAI entre los años 2022 y 2023. Arqueólogo de formación. Estuvo a cargo de una organización altamente debilitada y con escaso personal, inmerso fuertemente en procedimientos administrativos no se le conoce ninguna gestión relevante para mejorar la protección o la normativa que rige sobre el patrimonio arqueológico nacional. Durante su gestión de emitieron algunas publicaciones de su autoría y compilados financiados por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.
UNIDAD DE HERENCIAS CULTURALES MATERIALES (2023 - 2025)
Con la aparición de esta entidad, se dio por desaparecida la instancia técnica de gestión de la arqueología boliviana, sumida en la más profunda y desastrosa crisis. Tal como vino ocurriendo entre 2006 y 2025, ninguna autoridad o técnico ingresaba al Ministerio de Culturas … sin militancia comprobada y sin un aval político.
Raúl Yujra. A cargo de esta genérica entidad entre 2023 y 2024. Provenía del área de Turismo. Fue el primero de una serie de "jefes" de Unidad que fueron designados y presentaron su renuncia en tiempo récord, puesto que eran presionados, por sus cargos superiores, para atender aspectos políticos con ninguna relación con el área técnica específica (para la que tampoco se hallaban capacitados).
Santiago Quintana. Estuvo a cargo unas semanas en 2024. Arquitecto. Segundo profesional, sin capacidades específicas, que renunció en un mes a su designación como jefe de unidad.
Ana Huanca. Tambien designada políticamente en 2024, Arquitecta, que fue el tercer profesional sin capacidades o formación específicas, que renunció tras un mes de ser designada como jefe de unidad.
Roberto Canales. Ingeniero. Cuarto profesional, muy claramente sin capacidades específicas, que renunció tambien pocos días después de su designación en como jefe de unidad (2024).
Roger Cruz. Administró la unidad entre 2024 y 2025. Arquitecto de profesión. Su gestión se caracterizó por la disminución más drástica de técnicos arqueólogos que se haya registrado en el Ministerio de Culturas. Además, es responsable de la elaboración y promulgación del Decreto Supremo Nº 5471 (que reglamenta -deficientemente- aspectos de la inacabada Ley 530, cuya ausencia de reglamentos específicos es lamentable y notoria).
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