8 de mayo de 2008

SOBRE ESTUPIDEZ Y MALINTENCIÓN RELACIONADAS AL PATRIMONIO

Es por todos conocida la denuncia que Jédu Sagárnaga, y mi persona, realizamos sobre la destrucción sistemática de patrimonio arqueológico en la comunidad de Wakullani -por parte de una ONG. Dicha denuncia resultó en una carta formal que enviamos a la UNAR (con fecha 19 de marzo del presente), una nota que colgamos en este blog y una publicación en el periódico La Razón (con fecha 23 de marzo del presente).

Ahora quisiera explorar parte de las repercusiones resultantes de esta labor altruista –que todos deberíamos considerar un deber- con el patrimonio. En primer lugar recibimos una carta de respuesta por parte de la UNAR señalando nuestro “desacierto” al publicar dicha denuncia en el periódico, puesto que ellos ya estaban informados. Parece ser que un error de comprensión hace que crean que sólo hubo un momento de destrucción, siendo que la ONG no respetó la primera llamada de atención –trasladando su “hueco” sólo a unos metros del anterior- y nosotros denunciamos la destrucción de patrimonio en el sitio en un SEGUNDO momento.

Pero probablemente la repercusión más interesante es la que me sucedió ayer al hacer una visita a nuestra –quisiera llamarla “casa grande”, pero por razones que verán no es posible- institución “representante” (hay un espacio para comentarios en el blog que espero utilicen). Sucede que, encontrándome en las oficinas de la UNAR por otro tipo de razones, tuve el agrado de cruzarme con Don Javier Escalante; siendo yo un individuo muy “polite”, y a pesar de haber notado un aire poco cordial, le consulté sobre el Proyecto Akapana (otra para comentarios) puesto que “lo cortés no quita lo valiente” como dice mi caballeroso viejito.

Al haber recibido mi respuesta y dando por terminada mi cortés charla, me asombré al ver que Don Javier todavía tenía algo que decir, algo así como que mi “notita” –interesante calificativo para una carta que sigue un conducto regular- fue (cito): “estúpida y malintencionada”. Puesto que mi rubro es la Arqueología y no la Lingüística decidí hacer una exhaustiva revisión de ambos términos, llegando a los siguientes resultados:

• Según la Real Academia de la Lengua Española, en la vigésima edición de su diccionario:
a. estúpido, da. (Del lat. stupĭdus).
1. adj. Necio, falto de inteligencia. U. t. c. s.
2. adj. Dicho de una cosa: Propia de un estúpido.
3. adj. estupefacto.
b. malintencionado, da.
1. adj. Que tiene mala intención. U. t. c. s.

De dichas aclaraciones –a todos nos hace bien ver el mataburros de vez en cuando- se desprenden una serie de significados subyacentes muy interesantes. En primer lugar, no parecería correcto calificar a un objeto inanimado de estúpido puesto que ésta es una característica exclusiva de –algunos reconocibles- seres humanos. En segundo lugar, parecería que mi “notita” podría haberse ganado tremendo adjetivo debido a que la escribí yo, un hecho interesante si tomamos en cuenta que así y todo YO ESCRIBO, PRODUZCO Y PUBLICO, habilidades que parecen ser rasgo de estupidez para el citado funcionario –lo que explicaría tantos años de mínima o nula producción de cualquier tipo por parte de su institución. Pero de todas las posibles significaciones, es una la que más me preocupa: pareciera evidente que el acto de denunciar la destrucción de bienes patrimoniales a las entidades pertinentes, es estúpido y malintencionado.

Ello me preocupa y debería preocuparnos a todos puesto que quiere decir que aquellos investigadores comprometidos, lo suficientemente responsables para querer detener un acto destructivo que va en contra de la ley, somos un grupo de estúpidos –una contradicción en sí misma- con malas intenciones –un discurso que aquí hemos escuchado incontables veces y que para la SALP ya suena a letanía. Créanme que para darse cuenta de un acto de destrucción patrimonial no hace falta mucha inteligencia –como lo demuestran nuestros funcionarios- pero la mayor estupidez es no darse cuenta, o no querer darse cuenta del mismo, escudándonos en excusas patéticas y adoptando una postura permisiva. Tal vez mi única mala intención –vivimos en la época de los contravalores- fue hacer cumplir la ley o peor aún –Dios no me lo permita- hacer que los funcionarios responsables dejen de calentar sus sillas y se dirijan a la comunidad para verificar este acto de vandalismo, tarea que como hemos visto en reiteradas ocasiones con la UNAR, se me antoja TITÁNICA.

Por todo lo anterior, y en parte por la capacidad de los funcionarios de la UNAR de manejarse a golpes e insultos, he decidido que desde hoy, y de acuerdo al criterio de esa institución, voy a ser el arqueólogo más estúpido y malintencionado que haya existido, sólo para que mi hijo pueda ver en el futuro una parte –no pido todo porque no puedo luchar contra tremenda institución- de las bellezas que nuestro patrimonio guarda, y disfrute como todavía podemos hacerlo hoy, de la riqueza e historia que hizo que yo me convirtiera en un denunciante “estúpido y malintencionado”.

Javier A. Méncias Bedoya
Egresado de Arqueología

1 Comentarios:

Más allá de las ironias, sarcasmos, expresiones despectivas y uso inapropiado de términos, resulta preocupante que estos temas no se manejen con mayor claridad y transparencia. Ya sea para confirmar las denuncias o para rebatirlas. Lo importante, y ello debe agradecer el estado, es que exista gente preocupada por proteger el patrimonio arqueológico, lo cual es ponderable desde todo punto de vista, aún si los medios usados para efectuar estas denuncias no hubieran sido los más indicados.
A la luz de esta experiencia, sería muy bueno que la UNAR o el Viceministerio de Culturas pueda instalar un comité permanente de instituciones involucradas y con capacidad de acción o intervención para que traten este tipo de denuncias, de modo que el procedimiento mantenga las debidas consideraciones sobre todos los involucrados y guarde el cuidado respectivo en todos los aspectos.
Hasta ahora casos como el de Qewaya, Konchamarka o Pumapunku soguen esperando explicaciones por parte de las autoridades respectivas.
Respecto a este caso en particular, creo que tanto el estudiante tesista de arqueología como la propia UNAR deben hacer públicas aclaraciones (con el sustento técnico corespondiente) que den por concluido este problema.