La intervención de rescate arqueológico del yacimiento de Cundisa, ubicado en el núcleo del centro urbano de Copacabana, fue promovida por el ex – Director de Patrimonio David Aruquipa y ejecutada por el arqueólogo peruano Sergio J. Chavez Farfán, frente a la inminente destrucción del yacimiento por efecto de la eventual edificación de un mercado campesino en los predios. El trabajo duró casi 5 meses e involucró no sólo el trabajo de estudiantes y arqueólogos egresados de la carrera de arqueología de la UMSA de La Paz, sino de arqueólogos y estudiantes de la Universidad Central de Michigan, que con el apoyo de el entonces Alcalde de Copacabana Armando Callisaya, el consejal Samuel Rubin de Celis, comunarios de la región y el secretario de la Federación de Trabajadores Campesinos de la Provincia Manko Kapac, lograron excavar cerca a 600 m2 de superficie, registrándose en el evidencias de arquitectura pública que datan del periodo Formativo Medio, un cementerio Tiwanaku (400 – 1100 d.C.) del cual se levantaron cerca a 100 tumbas y rastros de un importante asentamiento Inka (1300 – 1530 d.C.), junto con evidencias de ocupación contemporánea y colonial de población aymara. La profundidad de la ocupación prehispánica se extiende más allá de los 5 metros por debajo de la superficie, que es justo la base de un probable templete semisubterráneo Formativo Medio (800 – 100 a.C.).Tras la culminación del trabajo, tanto la UNAR como el propio arqueólogo Chávez, la Prefectura y el Ministerio de Culturas, estuvieron convencidos de lograr financiamiento para continuar con las investigaciones y poder cubrir con un tinglado el área excavada, en la perspectiva de construir allí un museo abierto que muestre in-situ las estructuras y los hallazgos arquitectónicos efectuados. Sin embargo, tras el entusiasmo temporal de los trabajos y los resultados de las excavaciones, ni las autoridades del Viceministerio de Culturas (Pablo Groux), ni la Prefectura (José Luis Paredes y Pablo Ramos), menos el Gobierno Municipal de Copacabana hicieron los suficientes esfuerzos, tanto para conseguir los fondos para adquirir o expropiar el espacio, ni para la construcción de un Museo de Sitio o siquiera un tinglado para proteger el yacimiento y las excavaciones que se hallaban expuestas a los fenómenos climáticos, cuya acción deterioraría – con seguridad – los pisos y estructuras que se dejaron expuestas y sin ningún trabajo de protección o conservación. Cave aquí puntualizar que el encargado de estas tareas era Eduardo Pareja bajo la responsabilidad institucional de la Unidad Nacional de Arqueología y el Viceministerio de Culturas dirigido por Pablo Groux.
Dos años han pasado desde el inicio de las excavaciones en el lugar y el deterioro del yacimiento ha sido elocuente y lamentable. La destrucción de este invalorable Patrimonio fue y es responsabilidad del Ministro de Culturas Pablo Groux, de la Viceministra de Interculturalidad Estela Vargas y de los Directores de turno David Aruquipa y Nogardo Jimenez y de los sucesivos Jefes de la UNAR, además de los técnicos de conservación de esta entidad que no realizaron mayores acciones para precautelar la integridad de las ruinas. De la misma manera, es necesario que el Estado exija al arqueólogo Sergio Chaves y a su Co – Director Eduardo Pareja la información y los artefactos colectados en el yacimiento que ahora son los únicos registros y materiales del area patrimonial de Cundisa cuyo destino es incierto.
Los comerciantes campesinos de la Provincia Manco Kapac, esperaron que se efectúen las obras de rescate, sin contemplar que este es un excepcional yacimiento para la arqueología de la Cuenca del Lago Titicaca y menos que se pretenda trasladar su edificación a otro sector de la ciudad de Copacabana. El Ministerio y el GM de Copacabana trataron reiterativamente de negociar su traslado a otros predios cerca de la futura terminal de Buses, recibiendo no sólo una negativa intransigente, sino amenazas de toda índole, incluyendo la destrucción del sitio por propia acción.
Tras una serie de falsas e ilegales promesas vertidas por el ex – Ministro Groux como efecto de las presiones de los dirigentes campesinos (muchos de ellos residentes y comerciantes), las amenazas de destruir el sitio fueron cada vez más decididas, lo cual derivó en que, tanto el actual Viceministro de Interculturalidad (que poco o nada sabe del tema patrimonial y menos del problema de Cundisa), diera la potestad a un menos entendido asesor, de autorizar la construcción del mercado campesino, sin contemplar mayores consideraciones sobre la protección del yacimiento y las estructuras, desoyendo las recomendaciones especializadas de la Directora interina de la UNAR.
Ante un caos institucional del Ministerio de Culturas, un vacío de autoridad y competencia en el Viceministerio de Interculturalidad, la debilidad ostensible de una Dirección de Patrimonio, (inestable y vulnerable legal y políticamente), y en medio de un proceso de intervención de la desestructurada y desarticulada UNAR, queda muy poco por hacer para evitar que se cometan hechos delictivos premeditados y alevosos contra el patrimonio arqueológico nacional, amparados únicamente en los discursos políticos de reivindicación etnocentrista, que abren el paso para que cualquier grupo local de dirigentes campesinos vulnere toda norma constitucional, civil o penal, a expensas de las propias autoridades estatales del sector, teniendo la seguridad de que la turba y su condición social y étnica les evitará cualquier problema legal posterior – si lo hubiera-
Hoy sábado 24 de abril del 2010 sabemos que en Bolivia, la ley no es igual para todos los ciudadanos, y que esta no se acata, sino se negocia, dependiendo de la masa que lo respalde en el crimen, el color de la piel de quien comete el delito, el idioma, la vestimenta y el partido al que pertenezca.
A quienes defendemos el Patrimonio Arqueológico desde la Sociedad de Arqueología de La Paz, nos cuesta aceptar como los propios campesinos de Copacabana muestran un absoluto desprecio por el pasado material de los pueblos prehispánicos que habitaron su tierra de origen, y como estos hallazgos, en lugar de moverlos a su protección, preservación y fortalecimiento de su identidad, los estimula a sacar un provecho material y económico del interés que muestran las autoridades culturales y políticas para su investigación, conservación, preservación o su beneficio comunal.
Dos años han pasado desde el inicio de las excavaciones en el lugar y el deterioro del yacimiento ha sido elocuente y lamentable. La destrucción de este invalorable Patrimonio fue y es responsabilidad del Ministro de Culturas Pablo Groux, de la Viceministra de Interculturalidad Estela Vargas y de los Directores de turno David Aruquipa y Nogardo Jimenez y de los sucesivos Jefes de la UNAR, además de los técnicos de conservación de esta entidad que no realizaron mayores acciones para precautelar la integridad de las ruinas. De la misma manera, es necesario que el Estado exija al arqueólogo Sergio Chaves y a su Co – Director Eduardo Pareja la información y los artefactos colectados en el yacimiento que ahora son los únicos registros y materiales del area patrimonial de Cundisa cuyo destino es incierto.
Los comerciantes campesinos de la Provincia Manco Kapac, esperaron que se efectúen las obras de rescate, sin contemplar que este es un excepcional yacimiento para la arqueología de la Cuenca del Lago Titicaca y menos que se pretenda trasladar su edificación a otro sector de la ciudad de Copacabana. El Ministerio y el GM de Copacabana trataron reiterativamente de negociar su traslado a otros predios cerca de la futura terminal de Buses, recibiendo no sólo una negativa intransigente, sino amenazas de toda índole, incluyendo la destrucción del sitio por propia acción.
Tras una serie de falsas e ilegales promesas vertidas por el ex – Ministro Groux como efecto de las presiones de los dirigentes campesinos (muchos de ellos residentes y comerciantes), las amenazas de destruir el sitio fueron cada vez más decididas, lo cual derivó en que, tanto el actual Viceministro de Interculturalidad (que poco o nada sabe del tema patrimonial y menos del problema de Cundisa), diera la potestad a un menos entendido asesor, de autorizar la construcción del mercado campesino, sin contemplar mayores consideraciones sobre la protección del yacimiento y las estructuras, desoyendo las recomendaciones especializadas de la Directora interina de la UNAR.
Ante un caos institucional del Ministerio de Culturas, un vacío de autoridad y competencia en el Viceministerio de Interculturalidad, la debilidad ostensible de una Dirección de Patrimonio, (inestable y vulnerable legal y políticamente), y en medio de un proceso de intervención de la desestructurada y desarticulada UNAR, queda muy poco por hacer para evitar que se cometan hechos delictivos premeditados y alevosos contra el patrimonio arqueológico nacional, amparados únicamente en los discursos políticos de reivindicación etnocentrista, que abren el paso para que cualquier grupo local de dirigentes campesinos vulnere toda norma constitucional, civil o penal, a expensas de las propias autoridades estatales del sector, teniendo la seguridad de que la turba y su condición social y étnica les evitará cualquier problema legal posterior – si lo hubiera-
Hoy sábado 24 de abril del 2010 sabemos que en Bolivia, la ley no es igual para todos los ciudadanos, y que esta no se acata, sino se negocia, dependiendo de la masa que lo respalde en el crimen, el color de la piel de quien comete el delito, el idioma, la vestimenta y el partido al que pertenezca.
A quienes defendemos el Patrimonio Arqueológico desde la Sociedad de Arqueología de La Paz, nos cuesta aceptar como los propios campesinos de Copacabana muestran un absoluto desprecio por el pasado material de los pueblos prehispánicos que habitaron su tierra de origen, y como estos hallazgos, en lugar de moverlos a su protección, preservación y fortalecimiento de su identidad, los estimula a sacar un provecho material y económico del interés que muestran las autoridades culturales y políticas para su investigación, conservación, preservación o su beneficio comunal.
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