La SALP viene demandando desde febrero pasado (ver nota de prensa en la Razon 27 de febrero) la reestructuración de la Unidad Nacional de Arqueología y el nombramiento de profesionales competentes en la estructura de la Dirección General de Patrimonio, sin obtener respuesta o reacción alguna de parte de la Ministras y sus autoridades sectoriales.
Se han enviado más de 8 cartas a la Ministra Yugar solicitando audiencia y reclamos acerca del manejo apropiado de los temas de Intervención a la UNAR, el Reglamento Arqueológico, el tratamiento del patrimonio cultural en el marco de las autonomias, el desarrollo de políticas públicas en el área de arqueológía y patrimonio, la institucionalización de los puestos técnicos de la UNAR, la intervención sobre el avasallamiento de la CPE y las normas culturales en el Municipío de Tiwanaku, sin que ninguna de ellas tenga el mínimo eco en la caótica y mediática gestión iniciada en febrero pasado.
Frente a la renuncia del arqueólogo Juan Albarracin Jordan a la Dirección General de Patrimonio, tras menos de un mes de ejercicio, la SALP envió la carta que a continuación se muestra y que tampoco ha recibido la atención necesaria.
La Paz, 30 de abril del 2010
C-SALP-032/2010
Señora
Zulma Yugar
Ministerio de Culturas
Presente.-
Ref.: Institucionalización de cargos técnicos y fortalecimiento del área de arqueología
De nuestra mayor consideración:
Sabedores de la reciente renuncia del Director de Patrimonio Dr. Juan Albarracín Jordán; nosotros, la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP), queremos expresar nuestra profunda preocupación por la manera informal con la que se han estado llevando adelante las actividades relacionadas con el patrimonio arqueológico y cultural dentro del Ministerio de Culturas; tanto por la inadecuada gestión de importantes áreas arqueológicas para el país y el departamento (Tiwanaku y Cundisa por ejemplo), como en la designación arbitraria y temporal de personal en puestos de decisión, hecho que ha derivado en la pérdida de la memoria institucional y la discontinuidad de un proceso de capital trascendencia como la intervención a la Unidad Nacional de Arqueología y el Museo Nacional de Arqueología, cuya conducción no ha respondido de manera clara a nuestra solicitud de mayor transparencia y participación, lo que es e sí misma una mala señal.
En este contexto, y con el afán de otorgar seriedad al tratamiento del tema patrimonial, es que solicitamos a usted, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente para la contratación de personal técnico especializado, se lance una convocatoria pública para acceder al cargo de Director General de Patrimonio; de manera que la persona seleccionada cumpla los requisitos básicos de conocimiento y capacidad para administrar cabalmente el patrimonio arqueológico y cultural del estado.
Por otro lado, solicitamos que la reestructuración de la dependencia responsable del patrimonio arqueológico sea fortalecida en su roles de formular e implementar políticas públicas a favor del sector y desarrollar acciones coordinadas e integrales - con las instancias territoriales - para la protección, preservación y conservación de las entidades arqueológicas del país, para lo cual es imperativo que su autoridad mantenga el compromiso de contratar personal técnico competente.
Sin otro particular nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.
Lic. Carlos Lémuz Aguirre
SOCIEDAD DE ARQUEOLOGIA DE LA PAZ
cc. Ministerio de Transparencia
Unidad de Arqueología
Arch.per.
C-SALP-032/2010
Señora
Zulma Yugar
Ministerio de Culturas
Presente.-
Ref.: Institucionalización de cargos técnicos y fortalecimiento del área de arqueología
De nuestra mayor consideración:
Sabedores de la reciente renuncia del Director de Patrimonio Dr. Juan Albarracín Jordán; nosotros, la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP), queremos expresar nuestra profunda preocupación por la manera informal con la que se han estado llevando adelante las actividades relacionadas con el patrimonio arqueológico y cultural dentro del Ministerio de Culturas; tanto por la inadecuada gestión de importantes áreas arqueológicas para el país y el departamento (Tiwanaku y Cundisa por ejemplo), como en la designación arbitraria y temporal de personal en puestos de decisión, hecho que ha derivado en la pérdida de la memoria institucional y la discontinuidad de un proceso de capital trascendencia como la intervención a la Unidad Nacional de Arqueología y el Museo Nacional de Arqueología, cuya conducción no ha respondido de manera clara a nuestra solicitud de mayor transparencia y participación, lo que es e sí misma una mala señal.
En este contexto, y con el afán de otorgar seriedad al tratamiento del tema patrimonial, es que solicitamos a usted, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente para la contratación de personal técnico especializado, se lance una convocatoria pública para acceder al cargo de Director General de Patrimonio; de manera que la persona seleccionada cumpla los requisitos básicos de conocimiento y capacidad para administrar cabalmente el patrimonio arqueológico y cultural del estado.
Por otro lado, solicitamos que la reestructuración de la dependencia responsable del patrimonio arqueológico sea fortalecida en su roles de formular e implementar políticas públicas a favor del sector y desarrollar acciones coordinadas e integrales - con las instancias territoriales - para la protección, preservación y conservación de las entidades arqueológicas del país, para lo cual es imperativo que su autoridad mantenga el compromiso de contratar personal técnico competente.
Sin otro particular nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.
Lic. Carlos Lémuz Aguirre
SOCIEDAD DE ARQUEOLOGIA DE LA PAZ
cc. Ministerio de Transparencia
Unidad de Arqueología
Arch.per.
Ciertamente la SALP ha apoyado con un Voto Resolutivo la intervención que el Ministerio de Culturas efectuó sobre el Museo nacional de Arqueología y la Unidad Nacional de Arqueología, pero esta confianza se halla cada vez más debilitada por la inoperancia, improvización, inestabilidad y carencia de capacidad para atender éste como otros temas que tienen que ver con la institucionalidad de la gestión cultural y la protección del patrimonio arqueológico nacional, cuyo referente debiera ser ante todo y sobre todo la ley.
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