Las condiciones denigrantes que impone el DAKAR contra la transparencia en la información, y el derecho que todos los bolivianos tenemos a conocer sobre los efectos que el paso de los motorizados tendrá sobre nuestro territorio y sobre los potenciales sitios arqueológicos, son también, vulneratorios a la CPE y a las leyes nacionales sobre patrimonio y medio ambiente.
Hasta ahora, sólo conocemos que el trazo del DAKAR se extenderá hasta el Lago Titicaca y que accederá por rutas alternativas a la carretera asfaltada hasta la población de Desaguadero. Sin embargo, todos los arqueólogos que han realizado trabajos en la zona del Desaguadero (Jesús de Machaca, Khonkho Wankane, Nazacara, Coro Coro, Iruito, Aguallamaya, Corpa, Calacoto, Caquiaviri, Patacamaya, Calamarca, Viacha, entre otros) saben y han advertido sobre el potencial daño que el paso del DAKAR podría tener sobre los sitios arqueológicos que se encuentran a la vera del camino, incluyendo sitios elevados que los propios comunarios o la fanaticada automovilística podría afectar si se situaren en ellos.
Como en otras ocasiones, la vulneración de las normas ambientales y del patrimonio han sido propiciadas por el propio Ministerio de Culturas, quien nunca ha promovido un estudio de evaluación técnica independiente, para verificar el potencial daño que podría causar esta competencia sobre los sitios arqueológicos. Por el contrario, han sido siempre funcionarios subordinados de la Unidad de Arqueología y Museos los que han efectuado visitas al potencial trazo, sin que observaciones validadas y públicas hayan emergido como resultado.
La Sociedad de Arqueología de La Paz, se halla sumamente preocupada por la forma en la que se desempeñan las instancias normativas en patrimonio, que han sido llamadas a proteger el patrimonio arqueológico y cultural de nuestro país, pero que por el contrario, lo único que hacen es justificar o validar su afectación y daño. Lamentamos que aspectos técnicos y normativos sean vulnerados por decisiones políticas que devalúan el criterio técnico y la propia institucionalidad existente bajo la recientemente creada Ley de Patrimonio. Solicitamos que la ruta se haga pública para todos los bolivianos y se informe con honestidad y criterio técnico sobre las medidas que se están tomando para proteger el patrimonio arqueológico. Estamos ahora, como lo estuvimos desde su presencia en territorio boliviano, en contra de ésta competencia, que encarna todos los antivalores posibles del neocolonialismo transnacional, el capitalismo y el desprecio por los pueblos que transita, cuyos derechos y decisión soberana son descalificados por la impostura de una hegemonía gobernante autoritaria, incoherente, contradictoria y corrupta.
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