Cursaban mediados del año 2014, cuando fuimos llamados a cumplir con nuestra obligación profesional, y nuestro compromiso con el patrimonio, para realizar el rescate arqueológico (bajo la dirección del Arqueólogo Jédu Sagárnaga) de lo que luego se presentaría como el hallazgo funerario más importante de la región del Chaco Boliviano: el cementerio prehispánico de Caraparicito, en los predios de la planta de gas Incahuasi, cuyo construcción encargó la empresa Total E&P Bolivie.
El relato de este hallazgo y la percepción inicial, al igual que los resultados, de lo que fue el rescate en este mega yacimiento (pues posee una extensión mucho mayor a la de solamente el “cementerio), serán presentados en una publicación pronta a ser difundida, y serán referidos en otra nota, pues lo que hoy nos ocupa es el cumplimiento de una exigencia que reivindica los derechos de un pueblo sobre su patrimonio.
Ya en ese entonces supimos que el yacimiento brindaría datos valiosísimos a la –poco- conocida historia arqueológica de la región, y que el éxito del trabajo estaría directamente relacionado con los estándares de calidad y cientificidad con que se abordara la metodología de rescate. Poco habríamos de saber que dicho hallazgo sería política y mezquinamente esgrimido por cuatro frentes distintos –empresa, población local, gobernación departamental y gobierno central (con frentes opositores y oficilistas)- en busca de rédito personal, ganancias efímeras o visibilización momentánea, guiados por asesores igualmente dañinos (unos con traje, otros con ropa de trabajo), y que ninguno de ellos estaría interesado en el valor científico-cultural REAL de dicho hallazgo, en detrimento de la cultura.
Aunque las repercusiones políticas de ello merecerán un libro algún día, baste decir que el revuelo generado nos llevó a proponer una salida “salomónica”, si, a los especialistas arqueólogos cuyo nombre nunca aparece al final de la nota, mediante la que todas las partes podrían encontrar un punto de confluencia: la reinhumación de los restos óseos, finalizado su estudio especializado (aunque en caso de necesidad, los datos recabados in situ habrían de ser suficientes).
Baste decir que, a pesar de que todos los actores buscaron que sus intereses primen, y llevaron a situaciones extremas la decisión sobre el futuro de los restos (sugiriendo en algún momento una reinhumación que contemple TODOS los materiales arqueológicos), el día 15 de noviembre del año 2017 pasará a la historia de la Arqueología como un triunfo de la razón y el patrimonio, pues los restos óseos humanos fueron devueltos a su espacio original de descanso, mediante un ritual que respetó los usos y costumbres de la población local y luego de habernos dado años de estudio e investigación invaluables para el registro arqueológico nacional:
Luego de este proceso se generarán sendos análisis sobre la pertinencia y pertenencia del patrimonio, y ello enriquecerá, sin lugar a dudas, nuestra construcción de identidad, y nuestra percepción de los pueblos originarios. Pero en esta corta nota iniciaremos el camino señalando cuatro puntos que resaltan en nuestra lectura del proceso:
- Frente al hecho que los actores involucrados en estos procesos suelen hallarse parcializados, dados sus intereses, es importante la existencia de asociaciones civiles de peso académico que medien en los procesos de este tipo, para beneficio del único actor sin voz: el patrimonio. Urge la fundación de una Sociedad de Arqueología de Santa Cruz, una de Chuquisaca, una de Cochabamba, etc. (y por qué no soñar en un futuro con una Sociedad de Arqueología de Bolivia).
- Urge la implementación de una cátedra, postgrado u otro programa académico que discurra sobre la “Ética Profesional en Arqueología”, y prepare a los estudiantes de Arqueología en el proceder y la toma de decisiones en este tipo de escenarios adversos al patrimonio.
- Urge, también, la fundación de carreras de Arqueología, por lo menos, en las regiones del Chaco, Valles y Amazonas, de forma que los Arqueólogos del futuro tengan formación diferenciada, y especializada en las regiones mencionadas (pues la alta variabilidad de pisos ecológicos en Bolivia complica la formación holística de los Arqueólogos actuales, andinistas en su mayor parte, y especializados mediante empirismo en los pocos casos que salen de la órbita del altiplano).
- Finalmente, se hace necesario completar la normativa nacional en materia de patrimonio, contemplando en él los derechos y obligaciones de todos: pueblos originarios, transnacionales y profesionales especialistas, primando siempre la protección del patrimonio, frente al desarrollismo o la politiquería (culpables del envenenamiento de los usos y costumbres de los pueblos originarios).
Javier Armando
Méncias Bedoya
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