Karina Aranda
Alvarez
Durante los últimos
18 años los habitantes de La Paz (Bolivia), venimos siendo testigos de la
destrucción y pérdida paulatina de nuestro patrimonio cultural; el cual es
arrasado diariamente a manos de privados con la aquiescencia de las autoridades
locales y nacionales.
Valga decir que en
este tiempo, se ha incrementado exponencialmente la demolición y abandono de Conjuntos
Arquitectónicos Patrimoniales, los cuales otrora, conformaban el Casco Histórico
de nuestra ciudad.
Zonas y calles
emblemáticas de la ciudad (plaza Murillo, San Pedro, calle Catacora, avenida
Sucre, Obrajes, sólo por citar algunos) fueron perdiendo su aire republicano -y
en algunos casos colonial-, para dar paso a monstruosos edificios, que destruyen
la memoria histórica del municipio y rompen la armonía del entorno justificados
en la presión urbana o las necesidades de la población o las autoridades de
turno (Figura 1).
Fig. 1.-
Construcción presidencial de La Casa Grande del pueblo, horroroso y oneroso “elefante
blanco” que rompe con el Casco Histórico
de la Plaza Murillo (Foto: Jesús Alanoca)
Una justificación
que el propio Gobierno Municipal de La Paz empleó para eliminar el valor
patrimonial de muchos conjuntos arquitectónicos a través de una “muy
conveniente” Ley de uso de suelos (LUSU) promulgada el año 2012; la cual prevé
que sólo se conservarán los conjuntos patrimoniales que posean un 75% de
edificaciones de valor patrimonial, caso contrario se dará carta blanca a las
autorizaciones de demolición (Figura 2).
Fig. 2.- Demolición
del Hotel España (Patrimonio Arquitectónico categoría “B”)
autorizado por el
Municipio de La Paz (Foto Página Siete)
Sin ir más lejos,
en enero de este año fuimos testigos del colapso de una casona patrimonial
emplazada en plena Plaza Murillo (Figuras 3, 4 y 5); una casona que contaba con
una Declaratoria Patrimonial Municipal; la cual no servía siquiera, para que
los propios técnicos de patrimonio del Municipio pudieran (o quisieran) invertir
e intervenir en su conservación.
Fig. 3.- Fotografía
antigua de la casona patrimonial de la Plaza Murillo (Foto tomada de la página
virtual Opinión)
Fig. 4.- Lamentable
estado de abandono y deterioro de la casona patrimonial
registrado el año
2016
Fig. 5.- Colapso de parte del
frontis de la casona donde se aprecia la desestabilización
de toda la estructura (Foto
Liliana Carrillo. Página Siete)
En el ámbito Arqueológico,
el panorama no es más alentador; a diario podemos comprobar (y en muchos casos
denunciar) la destrucción flagrante de yacimientos arqueológicos a manos
de privados e instancias públicas (incluido el propio municipio y el gobierno
nacional), quienes no tienen el menor reparo en llevarse por delante -y
desechar junto con los escombros- una historia ocupacional de casi 3.000 años
de antigüedad (Figura 6), una historia expresada en restos de cultura material
presente en todo el valle paceño; una presencia que dicho sea de paso, el
Gobierno Municipal conoce a cabalidad desde el año 2008, a través de un
Mapa de áreas arqueológicas potenciales del valle de La Paz[1],
publicado por encargo del propio municipio, quien después se dedicó a
invisibilizarlo y más recientemente desacreditarlo.
Fig. 6.- Panorámica
de la gran remoción de suelo (con
autorización edil) para la construcción de un edificio en la esquina Diaz
Romero y Busch; lugar con evidencias de asentamientos Formativo y Tiwanaku,
tipificado como zona de alto valor arqueológico
Gracias a este
abandono es que hoy continuamos siendo testigos del lento deterioro de la Chullpa
de Chijipata-Kellumani (Achumani), última estructura funeraria de los Señoríos
Regionales aún en pié dentro del
municipio paceño (Figuras 7 y 8); la misma que continúa abandonada a su suerte
a pesar de las constantes denuncias realizadas al municipio desde el año 2003 (https://arqueobolivia.blogspot.com/).
Fig. 7.- Chullpa de
Chijipata (Año 2003)
Fig. 8.- Cista
asociada a la Chullpa (Año 2005)
Para el año 2008,
las denuncias al municipio sobre su abandono se sucederían, sumándose a esto la
destrucción premeditada del área inmediata a la estructura funeraria (dos bases
de torres funerarias y cinco cistas intactas) a manos de los vecinos del lugar
(propietarios de los terrenos), quienes removieron el suelo del sector hasta
una profundidad de 1,50 metros, lanzando los restos humanos al barranco y
saqueando sus contextos (Figuras 9 y 10).
Fig. 9.- Cara
posterior de la Chullpa de Chijipata (Año 2008)
Fig. 10.- Restos de
la cista destruída por los propietarios
de los terrenos (Año 2008)
A finales del año
2016, el Municipio paceño promulgaría una Ley que declara “Patrimonio arqueológico,
histórico y cultural” a la Chullpa de Chijipata; una declaratoria nominal (aprobada
gracias a la presión de los medios y la sociedad civil), la misma que se limita
a la colocación de una plaqueta (la cual aún no existe), dejando imposibilitada
cualquier intervención en el área, debido a la “camisa de fuerza” (mencionada
en la propia ley) que constituyen las “otras” normativas municipales,
relacionadas con la inversión municipal y la administración territorial[2].
Paralelamente, se
reduciría el área reconocida como arqueológica -y por lo tanto de protección-
de 25.000 metros cuadrados (el año 2011) a 1.900 (el año 2016); dejando así
desprotegida y sujeta a la destrucción flagrante a toda un área que también
alberga importantes asentamientos de los períodos Formativo y Tiwanaku.
A finales del mes
de Noviembre de este año -y con la declaratoria a cuestas- la Chullpa de
Chijipata continúa en total abandono, registrándose la caída de parte de la
bóveda, la destrucción del acceso y la pérdida de parte del revoque externo de
la estructura (Figura 11).
Fig. 11.- Estado
actual de la Chullpa, donde se aprecia el colapso de parte de la bóveda y
acceso (Noviembre del 2017)
Consultadas las
autoridades ediles (Presidente del Concejo Municipal, Secretaría de Culturas
y Dirección de Patrimonio) sobre las
acciones que tomarán para proteger la Chullpa de Chijipata y nuestro patrimonio
cultural, obtuvimos como respuesta que la vocación del Municipio de La Paz
no es patrimonial, y que no pueden llevar a cabo ninguna acción directa –y
mucho menos de oficio- para proteger la estructura funeraria, o los yacimientos
arqueológicos (en este punto ya ni mencionar a los inmuebles patrimoniales).
Frente a este
panorama, queda claro que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no está
interesado en conservar nuestro patrimonio, contentándose con mantener una
postura cómoda que se limita a observar el deterioro y destrucción del
patrimonio prehispánico, colonial y republicano de nuestro municipio,
amparándose en una serie de normativas municipales que privilegian el
crecimiento urbano sin planificación (tanto vertical como horizontal) y la
legalización de movimientos de tierra y construcciones fuera de norma y sin
autorización a favor del incremento de los erarios municipales.
Por otro lado, es
por demás evidente que la promulgación de leyes insustanciales en torno al
Patrimonio Cultural (entiéndase la Ley de la Chullpa de Chijipata o la reciente
Ley municipal de culturas que se pretende promulgar a mediados de diciembre de
este año), no están elaboradas precisamente para proteger, conservar,
salvaguardar y administrar el patrimonio; sino que, por el contrario se hallan
pensadas para JUSTIFICAR el escaso o –las más de las veces- nulo accionar por
parte del municipio, quien desconociendo abiertamente los mandatos de la CPE,
la Ley de Autonomías y la Ley de Patrimonio, limita sus atribuciones en torno
al patrimonio a una suerte de “dejar hacer”, pretextando las necesidades de una
población, que no puede pronunciarse a favor de algo que no conoce (y que, para
colmo de males, el municipio no está interesado en hacer conocer).
[1]
A finales del año 2008,
el Gobierno Municipal de La Paz auspicia la publicación del Mapa de áreas
arqueológicas potenciales del municipio de La Paz, elaborado por Lémuz y
Aranda, en base a la identificación de hallazgos fortuitos, sitios y áreas
arqueológicas y la implementación de sistemas de información geográfica.
[2] A pesar de que
ya en el año 2008 el Municipio de La Paz cataloga y registra las áreas arqueológicas
existentes en su territorio, evade la
inclusión de las mismas en los lineamientos referenciales del régimen de
planificación, gestión y ordenamiento territorial, desconociendo su existencia
en términos de jurisdicción, organización, uso de suelos y administración.
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