23 de enero de 2019

SE ABRE UN CONFLICTO POR EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO DE LOS CHULLPARES DE CONDOR AMAYA


EL TRABAJO ARQUEOLÓGICO, LA CUSTODIA TEMPORAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y LAS RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES SE HALLAN NUEVAMENTE EN CUESTIÓN.

Un artículo aparecido el domingo 20 de enero pasado, se suma a los numerosos casos en los que la custodia del material emergente de un trabajo de investigación o rescate arqueológico no encuentra el custodio final que se haga cargo conforme a ley, ni entidades capaces de brindar espacios de depósito con las condiciones mínimas para garantizar su adecuado manejo, conservación y seguridad. 
El artículo refleja la precariedad de las entidades estatales para hacer cumplir las normas en torno al destino final que deben tener los materiales arqueológicos, normas que no sólo deben establecer obligaciones para los arqueólogos y las entidades subnacionales, sino que deben transferir competencias, conocimiento y clarificar las condiciones técnicas, legales, humanas y económicas que aseguren un adecuado manejo de los materiales arqueológicos que son patrimonio del pueblo boliviano. Actualmente ni la Unidad Nacional de Arqueología y Museos del MDCyT, ni gran parte de los municipios de las ciudades capitales, menos de los municipios pequeños o rurales, cuentan con las condiciones para albergar colecciones de material arqueológico, menos exhibirlos con las mínimas condiciones de seguridad y conservación, por lo cual las exigencias que recientemente ha generado la improvisada norma del MDCyT, es prácticamente inaplicable, o altamente riesgosa para el patrimonio arqueológico.
En virtud de los grandes vacíos en la norma y su aplicación, muchos arqueólogos, contra su voluntad, se ven obligados a mantenerse como custodios temporales del material que han recuperado de sus investigaciones o trabajos de rescate arqueológico, peregrinando sin encontrar quien los reciba o los resguarde apropiadamente. Aunque es también posible que algunos los mantengan en esta situación a la espera de conseguir, no sólo un custodio final, sino la oportunidad para encontrar financiamiento y un eventual espacio de trabajo. Lo cierto es que ningún arqueólogo debería cargar con la responsabilidad de custodiar material arqueológico por mas tiempo que el que demore el concluir con un proyecto de estudio definido, pues con seguridad son pocos los arqueólogos que puedan disponer de espacios de depósito con las condiciones de seguridad y conservación suficientes, mucho menos cuando se trata de restos orgánicos. 
El artículo de la Razón nos merece algunas observaciones puntuales que queremos destacar: 
1. Ningún arqueólogo puede condicionar la entrega del material arqueológico a una entidad municipal competente, con la exigencia de la construcción de un museo. Sí es su responsabilidad y el del MDCyT que la entidad que custodie el material de manera definitiva cuente con un espacio adecuado y las condiciones de conservación y seguridad para albergarlo, no necesariamente para exhibirlo.
2. El patrimonio arqueológico no es propiedad de nadie en particular, aunque este se encuentre en los terrenos de una comunidad o en los terrenos de un poblador. Es propiedad del pueblo boliviano y quienes están llamados a protegerlo, conservarlo y estudiarlo son las entidades territoriales competentes (Municipios, gobernaciones o el propio estado central), según sea la importancia del monumento o entidad arqueológica.
3. La Sra Irene Delaveris no es arqueóloga como lo menciona la nota, es una conservadora de origen griego que llegó a Bolivia hace algunos años con el objeto de apoyar los trabajos de conservación de las Ruinas de Tiwanaku y que desde entonces ha trabajado en estudios de conservación de materiales y estructuras de varios sitios arqueológicos. Como Sociedad de Arqueología de La Paz no conocemos su estatus legal, profesional o académico para ejecutar estos trabajos, cuya fiscalización se halla a cargo de la Unidad de Arqueología y Museos y el MDCyT.
4. Para evitar daños y malos trabajos de conservación o restauración, es necesario que la Unidad de Arqueología y Museos disponga de un profesional en conservación que pueda fiscalizar apropiadamente cada uno de los trabajos que se desarrollen en los monumentos arqueológicos del país. Idealmente profesionales de esta especialidad debieran ser parte de los museos y la entidades que administran la arqueología en los niveles departamentales y municipales, al menos en aquellas capitales o departamentos donde el patrimonio arqueológico es importante.
5. La SALP se opone tenazmente a que se exhiba en museos restos humanos de los antiguos pueblos prehispánicos, por lo cual censura cualquier acción, sea esta promovida por arqueólogos, profesionales en turismo, museos o comunidades interesadas en el turismo, que tienda a mostrar esqueletos, momias o cualquier tipo de resto humano, acto que la Sociedad de Arqueología de La Paz considera antiética, irrespetuosa con las culturas nativas, y por lo tanto inaceptable.
6. Finalmente, el MDCyT debe - de una vez por todas - concluir con los ajustes a la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, debe abrogar o corregir estructuralmente el funesto Reglamento de Autorizaciones para Trabajos Arqueológicos en obras públicas y privadas del Estado boliviano y concluir con todos los reglamentos que se hallan pendientes, entre los cuales se halla el que debe regir la creación y gestión de los museos en Bolivia.
Creemos que es importante que las entidades académicas y organizaciones agremiadas en arqueología puedan constituir un comité  o un consejo de la especialidad que se pronuncie sobre algunos de estos temas cuyo tratamiento es de extrema urgencia, por lo cual instamos a la Carrera de Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés a organizar una reunión destinada a tratar los temas que se han mencionado como críticos en éste artículo: La custodia de los materiales arqueológicos, las normativas vigentes sobre la práctica arqueológica, la ejecución de los trabajos en conservación en monumentos nacionales, departamentales y municipales y el rol de las comunidades en la protección y conservación del patrimonio arqueológico.




1 Comentarios:

Apreciados colegas de la SALP:
El vuestro resulta un artículo elocuente y revelador que desnuda los problemas que tenemos los arqueólogos en el momento actual, sobretodo aquellos referidos a los materiales susceptibles de recuperarse en las labores de campo. No sé si por buena o mala suerte, la Pachamama nos ha entregado restos científicamente significativos en algunos de nuestros recientes proyectos, pero siempre nos vemos problematizados cuando, a la conclusión del trabajo, tenemos que ocuparnos del destino final de las piezas. El Estado no posee bodegas culturales, y la UDAM mucho menos. Incluso me pregunto en qué condiciones estarán los depósitos del Museo de Arqueología donde antiguamente todos los arqueólogos entregábamos los materiales recuperados.
En el caso de la colección lograda en Cóndor Amaya efectivamente es nuestro deseo culminar nuestra labor emprendida hace veinte años, instalando un museo. Pero para ello precisamos financiamiento y, de conseguirlo, se abriría una posibilidad de un nuevo trabajo para los arqueólogos, como señala su artículo. Pero el asunto va más allá que el simple deseo de ganar unos centavos más. En mi caso me daría mucho pesar que las piezas logradas y cuidadas con tanto esmero terminen molidas y sirvan como recubrimiento de una cancha de tenis, o arrojadas a la basura. De ahí surge mi compromiso y preocupación. Y hay otros temas concomitantes que debemos solucionar como gremio, y conjuntamente las instancias estatales.
NO deseo cansarles, pero no puedo despedirme sin agradecer públicamente la calidad profesional de los miembros de la SALP que han dado cabida a mi solicitud y han publicado íntegramente el artículo que yo había enviado a la Dirección del periódico La Razón, el domingo último.
Saludos cordiales:
Jédu Sagárnaga