Se ha mencionado que la renuncia del jefe de la Unidad de
Arqueología y Museos en diciembre pasado fue ocasionada por una instrucción de
la Ministra de Culturas Vilma Alanoca para regularizar el saneamiento efectuado
por el INRA en contra de los terrenos del Fuerte de Samaipata, considerado
Monumento y Patrimonio Arqueológico Nacional y de la Humanidad. Sin embargo,
mayor información no ha podido confirmar este trascendido, pues el funcionario
se hallaba en conflicto por el Reglamento RM 020/2018 (del cual era el principal responsable), con gran parte del gremio
arqueológico, la Carrera de Arqueología de la UMSA y la Sociedad de Arqueología
de La Paz (que solicitó su alejamiento del cargo), al margen de encontrarse agobiado
por numerosas demandas, a través de la defensoría del pueblo, por haber violado
las leyes que protegen el derecho al trabajo de varios profesionales
arqueólogos.
Lo cierto es que el conflicto con el INRA no acaba de solucionarse, pues desde la gobernación de Santa Cruz, solicitaban, hasta noviembre del 2018, la reversión de los títulos emitidos sobre la superficie del Fuerte, incluso advirtiendo con recurrir al tribunal agrario.
El INRA, ignorando las leyes vigentes, emitió títulos a
favor de privados, señalando que el monumento se encuentra levantado sobre
superficie privada, priorizando el bien privado antes que el patrimonio
nacional, situación que debiera ameritar un juicio contra los funcionarios que
estuvieran sosteniendo esta posición, por delitos contra el patrimonio y los
bienes que protege el estado, como son los que detentan la categoría de
patrimonio nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad (emitida por la
UNESCO en 1998).
Se sabe que, frente a la demanda efectuada por la
Gobernación, la antigua Directora del INRA aceptó revertir los títulos, pero
fue inmediatamente destituida por orden superior, advirtiéndose serios móviles
políticos y económicos en el problema.
Paola Parada, Secretaria de Cultura de la Gobernación de
Santa Cruz indicaba: "La
declaratoria del Fuerte de Samaipata como Patrimonio de la Humanidad estaba
antes del ingreso de la titulación de estos propietarios y además cuando se
hizo la donación de las 253 hectáreas al municipio, para inscribirlo como
Patrimonio, estos propietarios
no existían dentro de los puntos de referencia y colindancia con el
Fuerte",
Ya en agosto del 2018, el arqueólogo de la gobernación
Danilo Drakic había advertido sobre el problema, indicando que “lamenta que el INRA no tome en cuenta que el
Fuerte de Samaipata es uno de los mayores atractivos arqueológicos
de Santa Cruz y uno de los que registra mayor cantidad de turistas anualmente…..y
que incluso uno de los cuatro
predios afecta parte del circuito de visitas de El Fuerte de Samaipata”, que pese a todas las gestiones efectuadas con
el INRA, esta institución emitió una
conclusión que desconoce el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad hecho por la Unesco, ni otras leyes o normas locales, departamentales o nacionales. En esa ocasión hizo un llamado al Ministerio de Culturas y
Turismo, para que interponga una demanda penal, ya que esa repartición es la
llamada por Ley para este fin. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de
Culturas y Turismo, a pesar de haberse reunido con el INRA en torno al tema, no
ha emitido criterio al respecto ni iniciado demanda penal alguna contra quienes
vulneraron las leyes y enajenaron predios patrimoniales a favor de privados.
Ciertamente, tres
serán las tareas principales que deberá acometer inmediatamente la
recientemente nombrada Jefe de la Unidad de Arqueología y Museos:
a) Restaurar las relaciones
con los diferentes actores del ámbito arqueológico y cultural, afectadas
severamente por la gestión que concluyó en diciembre pasado
b) Trabajar en la
reversión de los títulos otorgados por el INRA en contra del sitio de Samaipata.
c) Reiniciar el
tratamiento de los profundos cambios que requiere el funesto reglamento de
autorizaciones para trabajos arqueológicos en obras públicas y privadas
aprobada con Resolución Ministerial 020/2018
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