El 30 de mayo del presente fue presentada la publicación: "Gestión del Patrimonio Arqueológico en el Proyecto de Construcción de la Carretera
"Nazacara - Hito IV", Tramo Nazacara - San Andrés de Machaca" en predios
de la carrera de Antropología y Arqueología de la U.M.S.A. Esta nueva publicación impulsada por la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), contó con el apoyo financiero del Fondo Financiero para el
Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
El acto fue presidido por autoridades de
la ABC (entre las que destacan el Sub-Gerente Socio-Ambiental Milton Bermúdez y
el, recientemente nombrado, especialista en Arqueología Delfor Ulloa), contó tambien con la
presencia de autoridades municipales como Pascual Alanoca, Alcalde de San Andrés de
Machaca y autoridades originarias como Wilfredo Chinche, Jilliri Mallku de la Marka Aransaya de
San Andrés de Machaca, además de representantes del comité impulsor de la carretera Nazacara-Hito IV: Facundo Espejo (Presidente) y Jesús Ticona (Secretario General).
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| Autoridades presentes |
En el marco de la presentación las
distintas autoridades y pobladores del municipio de San Andrés de Machaca agradecieron la difusión de
sus "atractivos" arqueológicos, además de recordar la imperante
necesidad de seguir invirtiendo en la investigación y difusión del pasado en su
región.
Por su parte, las autoridades de la ABC reafirmaron su
compromiso de continuar con actividades de difusión y publicación de los
resultados de las intervenciones que se efectuan para rescatar los sitios arqueológicos que son afectados o destruidos por las obras constructivas que financian, destacando que recien se ha logrado sensibilizar a las autoridades de la propia ABC acerca de la
importancia de este patrimonio, logrando un mayor compromiso con el mismo, desde la
institucionalización del cargo de Especialista en Arqueología, que es el puesto encargado de supervisar las acciones que se encuentran bajo la cobertura de esta empresa estatal de obras públicas. No obstante, se mantiene la limitación de únicamente contar con un especialista para realizar la cobertura nacional, número a todas luces insuficiente, considerando el número de proyectos que anualmente maneja la ABC en el país.
Una reseña de esta publicación ha sido colgada en la página de la revista de Arqueología Nuevos Aportes, la cual puede ser revisada siguiendo el siguiente enlace:
Tras finalizar la presentación del Arql. Delfor
Ulloa, fue consultado por el autor de la presente nota respecto a algunos aspectos concernientes a su cargo y al actual
impacto de la normativa que regenta la praxis arqueológica en obras públicas. Ulloa señala que existe una fuerte preocupación por parte de la Gerencia Ambiental de la ABC sobre las obligaciones que impone la nueva reglamentación arqueológica, siendo muy difícil adecuar los presupuestos de los proyectos, pues estos se adjudican con "montos cerrados" que no consideran las cambiantes o inesperadas exigencias de la R.M.
020/2018 en materia de "mitigación" (principalmente el considerar la
construcción de museos como justificativo para el impacto de yacimientos
arqueológicos), demandas que las empresas contratistas no se hallan en posición ni
voluntad de ejecutar. Otra de las preocupaciones se relaciona con la entrega de
materiales arqueológicos, de forma obligatoria, a pequeños municipios que no cumplen
con los mínimos requisitos de infraestructura, materiales y recursos
profesionales para asegurar la conservación de los mismos.
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| Arqueólogos Delfor Ulloa y Marcelo Ticona responsables de la publicación por encargo de la ABC |
Tanto la Ley de Patrimonio 530 como el Reglamento 020/2018 obligan a los proyectos a difundir los resultados de las investigaciones que se efectúan con relación al patrimonio afectado, por lo que esperamos que la iniciativa de difusión que ahora
promueve y guía la ABC sea reproducida por otros organismos estatales y empresas
privadas que poseen y generan gran cantidad de información, pero que evitan su
publicación por creerla "no conveniente" a sus intereses, aunque esta es una obligación y no una opción eludible, quedando demostrado que tales acciones ayudan, mas bien a mejorar su imagen frente a la sociedad, toda vez que las obras que financian destruyen o afectan severamente el patrimonio arqueológico boliviano.
Finalmente, esperamos que sean las propias
instituciones estatales de obras públicas las que, a partir de su experiencia en materia de
gestión del patrimonio arqueológico, promuevan una revisión y mejora de la
normativa vigente, cuyas falencias han promovido la vulnerabilidad y eventual destrucción del patrimonio arqueológico.
Javier Méncias Bedoya
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