La destrucción de un sector del camino prehispánico de Yunga Cruz en marzo de este año, por parte de una empresa minera (Empresa Minera Iquitos) que trabaja en el lugar, no sólo constituye un atentado flagrante al patrimonio arqueológico del pueblo boliviano, sino que también perpetúa una práctica cotidiana de destrucción y avasallamiento de caminos prehispánicos paceños, impulsada tanto por instancias civiles (cooperativas, empresas, comunidades, etc.) como por instancias gubernamentales.
Como ejemplo lamentable podemos mencionar la destrucción del camino del Taquesi el año 2014 (aquí el enlace de la denuncia y el informe: https://notisalp.blogspot.com/2014/02/camino-de-takesi-conclusiones-de-la.html), también efectuado por cooperativas mineras del sector, amparadas por los entonces funcionarios del ministerio de culturas que desestimaron la afectación.
Otro caso deplorable fue la destrucción del ingreso al camino del Choro, el cual fue afectado por las comunidades del sector (según la gobernación también a manos de cooperativistas auríferos), destruyendo una longitud de 2,5 kilómetros del camino, el año 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=EpXXGjjl99Q#action=share).
Con estos casos se
puede establecer que existe un denominador común: LAS COOPERATIVAS MINERAS que
no sólo incumplen las normas ambientales, sino que también están destruyendo el
patrimonio arqueológico boliviano (no sólo caminos, también terrazas de cultivo,
áreas funerarias, etc.), mientras el nivel central del estado y sus entidades
territoriales autónomas hacen de la vista gorda.
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