El Museo Nacional de Arqueología (MUNARQ) fue fundado en el año de 1838, adquiriendo posteriormente la denominación de "Museo Público", e inicialmente albergó la colección privada del Obispo de La Paz José Manuel Indaburo, a la que posteriormente se fueron sumando colecciones etnográficas, de historia natural y arqueológicas de diferentes partes del país (Sagárnaga 1990). Desde esta instancia se gestó la creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku en el año de 1958, institución de la cual desciende la actual Unidad de Arqueología y Museos.
El Museo Nacional de Arqueologia fue dirigido por los personajes más importantes de la arqueología boliviana, como Arturo Posnansky, Max Portugal Zamora, Gregorio Cordero Miranda, Max Portugal Ortiz y Julio Cesar Velasquez, entre otros.
Fue Carlos Ponce Sanguinés junto a Gregorio Cordero, quienes en el año de 1961 determinaron especializarlo como Museo Arqueológico, llegando a constituirse en el custodio más importante de objetos e información arqueológica de Bolivia.
Posteriormente, con la promulgación de la ley de Participación Popular de 1994, se determinó la extinción de las entidades nacionales y se transfirió a favor de los gobiernos municipales y departamentales las casas de cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del gobierno nacional, con excepción de aquellas instituciones consideradas como Patrimonio Nacional, situación que correspondía al Museo Nacional de Arqueología. Desde entonces esta entidad quedó ligada a la estructura rectora del patrimonio cultural y arqueológico boliviano, dependiente del gobierno central.
En los últimos 14 años el Museo Nacional de Arqueología, que contaba con una estructura técnica y administrativa independiente, fue paulatinamente disminuido en su personal y marginado en su presupuesto a favor de otras instancias burocráticas dentro del Ministerio de Culturas, ajenas al manejo del patrimonio arqueológico.
Para el año 2019, el MUNARQ quedó reducido a un responsable de nivel Técnico 2 como principal encargado de todo el Museo, quien junto a un reducido número de personal lo mantenían funcionando.
Frente a este panorama es necesario remarcar que la Ley 530 de Patrimonio Cultural Boliviano, especifica que las funciones de un museo son adquirir, registrar, proteger, conservar, investigar, exponer y difundir el patrimonio cultural y natural con fines de estudio, educación y recreo. Para este fin, estipula que las entidades públicas, privadas y comunitarias titulares de museos deberán destinar los recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades y funciones, debiendo contar con la infraestructura adecuada para la conservación del patrimonio en custodia.
En este contexto, es OBLIGACIÓN del ESTADO NACIONAL a través del Ministerio de Educación, Deportes y Culturas cumplir estrictamente lo que establece la Ley 530 y garantizar los recursos físicos, técnicos, financieros y humanos necesarios para el funcionamiento adecuado del Museo Nacional de Arqueología, siendo esto una responsabilidad insoslayable e intransferible de acuerdo a ley.
En este sentido, al constituirse el MUNARQ en una institución considerada como "Patrimonio Nacional", su gestión no puede ser entregada a terceros (sean estos públicos o privados, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etc.), siendo una responsabilidad exclusiva del estado central.
Por lo expuesto, la Sociedad de Arqueología de La Paz exige al gobierno nacional y a las autoridades responsables del patrimonio cultural boliviano, se respete la institucionalidad y jerarquía del Museo Nacional de Arqueología, garantizando la protección de los bienes que custodia, conforme el marco normativo vigente.
Lo cual implica revertir de manera inmediata y con carácter de urgencia, la crítica y vulnerable situación en la que el MUNARQ se encuentra, como resultado de las desafortunadas medidas implementadas en los últimos días.
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