El diagnóstico general sobre la situación del patrimonio arqueológico cultural en nuestro país, nos muestra una imagen desastrosa, acrecentada aún mas por los hechos sucedidos en los últimos dos años en los que la pandemia del SARS COV 2, los conflictos políticos y la caída de la economía nacional han sido lapidarios para el ámbito cultural y arqueológico. Tras los comicios nacionales y subnacionales, las nuevas autoridades electas no han efectuado una lectura correcta de tal situación y menos abordar con seriedad políticas o medidas que resuelvan sus complejos problemas. Por el contrario, lo primero que hicieron fue nombrar autoridades sin conocimiento y sin capacidad comprobada para manejar o gestionar exitosamente el sector: En el nivel central, se creo un ministerio escuálido y demagógico, nombrando como Ministra de Culturas a Sabina Orellana, una dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa, ajena al sector y con un nulo conocimiento sobre la gestión pública de la cultura y el patrimonio. A este nombramiento le siguieron la desestructuración total de la Unidad de Arqueología y Museos y el nombramiento de un técnico en autonomías y organización territorial como Director de Patrimonio Cultural. Actualmente con un presupuesto mínimo y apenas con sólo un profesional licenciado en arqueología a cargo, se pretende llevar adelante toda la gestión del patrimonio arqueológico nacional.
La situación en la gobernación de La Paz no es menos calamitosa, pues el reciente gobernador electo Santos Quispe, nominó como Secretaria Departamental de Turismo y Culturas a Leyla Castro (conocida comediante e hija de David Castro, cantante de cumbia y ex candidato a la alcaldía paceña por el Partido del gobernador), cuya formación y experiencia en gestión pública del ámbito cultural y patrimonial son prácticamente nulas. Actualmente la Gobernación de La Paz no cuenta con arqueólogos profesionales para llevar adelante la gestión y la fiscalización de todas las acciones que se desarrollan en el campo de la arqueología en su jurisdicción.
Finalmente, el nuevo alcalde de La Paz Iván Arias, en la misma línea de las decisiones erráticas de los gobiernos central y departamental, designó como Secretario de Culturas a Rodney Miranda, un ejecutivo del área de seguros y aficionado bailarín de entradas folclóricas, cuya experiencia y formación son igualmente divergentes del perfil que requiere el puesto. Error que se torna más grosero cuando se designa como Director de Patrimonio Cultural a Ovidio Salvatierra, un controvertido arquitecto y empresario de la construcción, cuya inafinidad con el tema del puesto es absoluta. Con estas autoridades y sin lineamientos políticos favorables a la cultura y al patrimonio arqueológico cultural, es poco lo que se puede esperar de las actuales gestiones gubernamentales, pues al margen del color político es común en ellos el desprecio o menosprecio que tienen respecto de la cultura boliviana y su patrimonio. Las desgracias no vienen solas dice un viejo dicho, y en culturas se hace cada vez más patente.
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