La demanda de abrogación de la SALP fue constante e insistente durante los últimos tres años, habiendo enviado cartas y reunido con todos los ministros, viceministros, directores de patrimonio y jefes de la Unidad de Arqueología y Museos de las diferentes gestiones gubernamentales, excepto la presente. A su turno, todas las autoridades y asesores jurídicos y técnicos, coincidieron en que el documento tenía enormes falencias (incluyendo el propio redactor del documento), pero ninguno hizo nada concreto y ejecutivo para remediar el mal.
Recientemente, nos contactamos con personal del Ministerio de Culturas Descolonización y Despatriarcalización para demandar la actualización de la norma, tanto por sus inconsistencias técnicas como legales, a las cuales se suman los cambios en el órgano ejecutivo (desaparición del Ministerio de Culturas y Turismo) y la puesta en vigencia de un ajuste a la Ley de Patrimonio 530, que establece cambios que dan de baja muchos de los puntos que aparecen en la norma 020/2018. La respuesta fue de apertura a la elaboración de una nueva norma que reemplace la errónea Resolución 020/2018, pero nos indicaron que la toda la documentación de correspondencia con nuestras observaciones y demandas había desaparecido. Esta declaración, no nos sorprendió, pues en cada cambio de autoridades tanto del ministros como de viceministerios, e incluso de jefes de la UDAM, la documentación era extraviada o desaparecía, sin ninguna investigación o sanción para los responsables. Sucedió con la salida del gobierno de Morales y ocurrió igual con la salida de las autoridades del gobierno de Añez.
La SALP esta seriamente preocupada debido a que bajo este tipo de autoridades se encontraban la custodia de, no solamente la correspondencia histórica y legal sobre el patrimonio arqueológico y cultural, sino enorme cantidad de documentos patrimoniales, arqueológicos y culturales que pudieron también seguir ese destino, dado al caos, irresponsabilidad y negligencia que reina en esta entidad. Falencias, que según las leyes vigentes, no tienen el perfil de simples faltas, sino de delitos contra el patrimonio arqueológico y cultural boliviano, incumplimiento de deberes, etc.
Nos preocupa también que los actuales funcionarios de alto rango en el Ministerio de Culturas Descolonización y Desapatriarcalizacíon, desconozcan quienes son los actores institucionales que operan en el sector que pretenden gestionar, tal es nuestro caso, pues el Viceministro de Interculturalidad actual, indica no solamente que se han extraviado nuestras observaciones, sino que no conoce de nuestra existencia como la única entidad asociativa que existe en la arqueología boliviana y nos solicita por ello nuestra documentación de personería jurídica, antes de considerar nuestra participación en el proceso de consulta y socialización de la norma que se hallan elaborando.
Lo que sabemos es que el caos y las limitaciones en la capacidad operativa y legal del Viceministerio de Interculturalidad para manejar el sector arqueológico patrimonial del país es ostensible, básicamente se encuentran operando con piloto automático y con enormes precariedades financieras, técnicas y administrativas, lo cual ha puesto al patrimonio arqueológico en una vulnerabilidad inédita en los últimos 70 años. Muestra de ello son la proliferación de grupos de saqueadores y traficantes de piezas arqueológicas, la destrucción de caminos prehispánicos a manos de mineros cooperativistas, el atentado a monumentos arqueológicos patrimoniales en Tiwanaku, el atentado a monumento históricos como la estatua de Colón en la ciudad de La Paz, el abandono del sitio mas importante de la arqueología boliviana como es Tiwanaku y la falta de fiscalización en obras públicas como construcción de carreteras u otras donde existe riesgo de destrucción de patrimonio, etc. etc.
Instamos al gobierno nacional y la actual Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización a contratar personal competente para atender la dirección de la gestión arqueológica y patrimonial; demandamos la abrogación de la Resolución Ministerial 020/2018 y la elaboración participativa de una norma que respete las leyes vigentes y cumpla el rol que sostiene la Ley 530 y la comunidad de actores de la arqueología boliviana. Pedimos asignar mayores recursos técnicos, financieros y humanos para la protección y gestión del patrimonio cultural y arqueológico boliviano, cuya destrucción y daño se viene acelerando en los últimos años, gracias al incumplimiento del gobierno sobre las responsabilidades que tanto la Constitución Política del Estado como las diferentes leyes les asignan.
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| Objetos saqueados por un ecuatoriano ilegal que trabaja en una de las cooperativas auríferas del norte de La Paz (Sin investigación ni sanción) |
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