De manera hábil y solapada, el Gobierno Nacional ha desarrollado una serie de acciones para facilitar la penetración de exploraciones petroleras en un territorio que es en sí un paisaje arqueológico y que alberga los mayores yacimientos arqueológicos de la región occidental, entre ellos Tiwanaku, Copacabana, Qewaya, Pariti, Pata Patani, Chiripa, Lukurmata, Qallamarka, Khonkho Wankane, y muchos otros. Este trabajo viene desarrollándose desde hace casi cinco o seis años tras salir el Plan de Inversiones de YPFB para explorar y explotar los recursos hidrocarburíferos del país, sin contemplar consultas previas a los pueblos indígenas, ni respetar áreas protegidas o áreas patrimoniales.
Una primera acción estuvo destinada a paralizar las demandas de TCO de tierras altas con el fin de neutralizar el resurgimiento de los poderes territoriales indígenas. Una segunda acción fue el de desestructurar al máximo las comunidades a través del saneamiento y titulación de tierras en régimen privado, y finalmente a través de la cooptación de los líderes locales y departamentales de las organizaciones sindicales (Federaciones Sindicales Unicas de Trabajadores campesinos del departamento), lo cual también incluyó la conformación de estructuras organizacionales paralelas en cada una de las organizaciones indígenas originarias (CONAMAQ).
Ahora, con un régimen totalmente privado de la tierra, con comunidades desintegradas, con lideres cooptados y organizaciones indígenas debilitadas, YPFB con apoyo de el INRA va primero a explorar con sísmica 2D la parte sur del lago, poniendo en riesgo importantes sitios arqueológicos que albergan delicados y vulnerables monumentos como las torres funerarias de Qewaya, Pata Patani, Pajchiri, sitios templariios no excavados en Taraco, Tiwanaku, Jesus de Machaca, Pucarani, Guaqui y Desaguadero.
La Sociedad de Arqueología de La Paz se halla en estado de emergencia ante esta nueva arremetida de la política extractivista del gobierno que pone en riesgo al patrimonio arqueológico de la Cuenca del Lago Titicaca. Se solicita a las autoridades de Cultura y Arqueología del Departamento y del Gobierno Central que activen todas las salvaguardas legales y ambientales para proteger la arqueología de la región.
La pobreza ni la crisis económica del país se combaten con la destrucción de la cultura y el patrimonio de los pueblos
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