La Reunión
En fecha 9 de abril del 2018 tuvo lugar la reunión solicitada reiterativamente desde el 6 de marzo pasado por la Sociedad de Arqueología de La Paz con la Ministra de Culturas y Turismo, Sra Wilma Alanoca. Estuvieron presentes, en representación del MDCyT, la Ministra de Culturas y Turismo, el Asesor General, la Directora General de Asuntos Jurídicos, el Jefe de Gabinete, el Jefe de la Unidad de Arqueología y Museos y un Técnico Arqueólogo. Por la SALP estuvieron el Presidente y Vicepresidente de la SALP y una representante de su Comisión Científica y Protección del Patrimonio.
Muy lejos del trato antecedente recibido por la SALP de parte de los responsables de la UDAM, la Ministra tuvo un trato muy amable, abierto, positivo y con mucha voluntad para llegar a una solución al conflicto, atributos que se hicieron extensibles a sus Directivos, General, Legal y Jefe de Gabinete.
La demanda de la SALP
La SALP expreso sus observaciones al proceso que derivo en la puesta en vigencia de la norma y a los profundos errores que contiene y que ponen en peligro el patrimonio cultural, ejemplificando algunos de los problemas mas serios; explicando que todo ello llevó a solicitar la abrogación de tal reglamento, ante la posibilidad de generar mayor caos y afectación del Patrimonio Arqueológico boliviano. Sin embargo, si existía una solución legal alternativa, que no implique la abrogación, pero que evite o mitigue sus posibles impactos negativos respecto del patrimonio arqueológico, era bienvenida.
En todo momento la SALP fue clara, honesta y abierta, remarcando que no le mueven intereses personales o económicos, que lo que se busca es una norma técnica, social y legalmente viable, que beneficie a la protección del patrimonio y al ejercicio de la actividad arqueológica. Que la norma debe incidir en que quienes efectúen obras en áreas públicas o privadas cumplan la ley y que se respalde el accionar del arqueólogo como un natural aliado en la protección del patrimonio.
Se remarcó que la SALP viene trabajando desde hace doce años en la protección del patrimonio arqueológico y ha participado activamente en cuanta elaboración de política pública se ha efectuado respecto al patrimonio arqueológico o cultural, pero que esta es la primera vez que se ha elaborado una norma sin su participación (ni de ningún representante de la sociedad civil o instancia académica), intentado marginarla o discriminarla.
La posición del MDCyT sobre la abrogación del Reglamento
La Ministra y sus asesores aceptaron que existen errores, pero que abrogar la norma generaría un vacío legal, que tendría que tenerse otra norma de respaldo y no la hay. Entendiéndose que reponer la anterior norma, haciendo ajustes demandaría un esfuerzo similar al que se requiere para ajustar la que recientemente fue aprobada.
La asesora legal añadió que una revisión de las observaciones de la SALP indicaba que todas eran perfectamente atendibles y subsanables, en lo legal.
Conclusiones
En tal sentido la Ministra sugirió hacer una RECONSIDERACIÓN DE LA NORMA, lo que implica:
- Hacer una revisión argumentada y exhaustiva de todos los artículos observados por la SALP
- La participación, sin discriminación de todos los arqueólogos profesionales del medio
- La Participación de la Sociedad civil organizada como la Sociedad de Arqueología de La Paz
- La organización de una mesa de trabajo con todos los arqueólogos profesionales dirigida y supervisada por la Dirección de Asuntos Legales del MDCyT, quien velará porque los derechos de los participantes no sean afectados.
- Que el trabajo de la mesa no debe estar orientado en la perspectiva de quien gana o quien pierde, sino en el bien mayor que es la protección del patrimonio arqueológico.
Decisiones sobre los que no se alcanzó un acuerdo, principalmente las que implican discriminación de actores.
- La UDAM exigió que quienes participen en los talleres técnicos sean sólo arqueólogos profesionales y no estudiantes o arqueólogos egresados sin licencia para el ejercicio profesional. Al respecto la SALP esta en total desacuerdo en que los profesionales egresados, o en proceso de titulación, sean marginados de esta mesa, pues en los hechos, son ellos parte importante del personal calificado que interviene en los trabajos arqueológicos como apoyo a los profesionales en ejercicio.
- La UDAM también exigió la exclusión de otras instituciones como la UMSA, porque no efectúan arqueología de contrato. Con esta decisión, la SALP también esta en desacuerdo, debido a que la UMSA es la única entidad a nivel nacional que forma arqueólogos profesionales y tiene una voz autorizada, técnica o científica por todo lo que implique la labor arqueológica, sea esta de investigación o de conservación, tal como se entiende a la arqueología, mal llamada "de contrato".
- La SALP solicitó que se convoque a todos los actores subnacionales (Gobernaciones, Municipios y Autonomías Indígena Originaria Campesinas de todo el país), pues tienen una directa injerencia en el tema, lo cual fue denegado indicándose que tras la aprobación serán informados.
- La SALP esta en total desacuerdo con el menosprecio que tanto la UDAM como la propia Ministra hicieron de la nota enviada por un significativo grupo de arqueólogos profesionales y en proceso de titulación, solicitando la Abrogación de la Norma y una audiencia con la autoridad del MDCyT. Actitud que desconoce el Artículo 14 de la CPE contra todo tipo de discriminación, que incluye también la discriminación por grado de instrucción.
La Ministra indicó que la convocatoria a esta mesa de arqueología se efectuará vía la Dirección de Asuntos legales del MDCyT, la cual se hará conforme a lo acordado.
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