El ascenso acelerado del COVID 19, ocurrido entre marzo y agosto del 2020, mostraba cifras que llegaron hasta los 2000 contagios diarios, pese a las tempranas medidas de cuarentena implementadas en la mayor parte de los departamentos de Bolivia y a la paralización de muchas actividades productivas y constructivas. Este repunte derivó en la implementación de medidas de bioseguridad en casi todos los sectores de la economía boliviana, algunos dictados por los entes reguladores departamentales, otros por las entidades encargadas de la seguridad laboral como el Ministerio de Trabajo, e incluso por las asociaciones y cámaras del área productiva como la Cámara Boliviana de la Construcción o la Cámara Nacional de Industrias. A nivel internacional, gran parte de las naciones europeas y casi todos los países vecinos adoptaron rápidamente medidas sectoriales para normar y proteger el trabajo de sus profesionales y trabajadores, incluyendo aquellos que trabajaban en el área arqueológica. Nuestra asociación resaltó en sus publicaciones los casos de España y Perú que reaccionaron, no sólo a la situación laboral de sus arqueólogos, sino a las condiciones de su trabajo y al elevado nivel de vulnerabilidad de estos.
En Bolivia, la Sociedad de Arqueología de La Paz se preocupó por esta situación y remitió notas a las diferentes instancias estatales para que emitan un instructivo y elaboren un protocolo de bioseguridad para trabajos de evaluación de impacto arqueológico. En fecha 23 de junio del 2020 se hizo llegar la nota C-SALP_017/2020 al Ministro de Educación, Deportes y Culturas Víctor Hugo Cárdenas demandando este documento. En la misma fecha y con similar tenor, se envió la nota C-SALP_018/2020 al Gobernador Felix Patzi Paco, explicando que la salida de este protocolo reviste carácter de urgencia, pues su obligatoriedad esta destinada a precautelar la vida de los trabajadores, debido principalmente a que los contratantes se eximen de esta responsabilidad y se deslindan de cualquier afectación de salud que pudieran sufrir los consultores o trabajadores en el cumplimiento de sus labores. Esta actitud fue inexplicablemente apoyada por Ministerio de Trabajo, inclinándose a favor de empresarios y contratantes.
El cierre del Ministerio de Culturas y la paralización irresponsable (hasta delictiva) del funcionamiento de la Unidad de Arqueología y Museos, promovida por el gobierno transitorio, acentuaron más la situación de desamparo y vulnerabilidad del patrimonio arqueológico boliviano y su gestión, que pese a las reiteradas demandas de la colectividad cultural, no fue restituido sino hasta el 15 de septiembre del 2020 con la designación del actor Marcelo Bazán, como nuevo Viceministro de Interculturalidad y la historiadora Daniela García como Directora General de Patrimonio, ambos con ninguna experiencia en la gestión pública del patrimonio arqueológico cultural nacional, departamental o municipal.
El Ministerio de Educación y el Gobierno Municipal de La Paz omitieron dar respuesta a nuestra demanda y aunque sabemos que el Gobierno Departamental elaboró un informe y respuesta a nuestra nota, esta jamás fue entregada o remitida a nuestra organización.
Tras haber tomado contacto con la recientemente nombrada Directora General de Patrimonio Cultural, Lic Daniela García, se nos invitó a una reunión el 30 de octubre del 2020 para tratar los asuntos pendientes que figuran en las distintas notas que se enviaron al Ministerio de Educación, Deportes y Culturas desde junio del 2020. En la reunión García nos entregó una nota de respuesta, la cual se adjunta a la presente publicación ( enlace). En ella se nos remite un informe técnico que menciona una serie de normas generales, ampliamente conocidas por todos, sin atender absolutamente a la demanda efectuada por nuestra organización en sentido de sacar un protocolo específico, siendo este cometido de su exclusiva competencia sectorial. Frente a la clara decepción que manifestamos sobre el tenor de la nota, la Directora García respondió "que si no estamos conformes con la nota, que enviemos otra para que las autoridades entrantes nos la respondan, ya que ella se encontraba de salida al concluir su gestión junto con el gobierno saliente".
La Sociedad de Arqueología de La Paz, resalta la incapacidad, negligencia y falta de voluntad de parte de todas las instancias gubernamentales, que atienden los temas de patrimonio y cultura, quienes no han podido responder apropiada y efectivamente, con acciones y no con informes de descargo, a la demanda de la colectividad arqueológica, incumpliendo los deberes que, como instancias territoriales competentes, tienen sobre la gestión y administración del patrimonio arqueológico del país. Enfatizamos nuestra indignación al ver como cierta gente asume cargos para los cuales no esta capacitada, poniendo en riesgo tanto al patrimonio arqueológico y cultural, como al personal profesional que lo protege. Lamentamos profundamente que frente a demandas tan concretas como la nuestra, las autoridades responsables del sector, se preocupen prioritariamente por resguardar sus espaldas, más que en emprender acciones efectivas en favor del patrimonio arqueológico y la integridad y salud del personal que trabaja en el sector.
Nota de respuesta del VMI - DGPC:
https://drive.google.com/file/d/1V-8wZNTcoZDDSrqVWZoOR5rAbdK3YO8p/view?usp=sharing
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