El viernes 20
de marzo de 2023 se llevó a cabo una reunión entre las autoridades del
Viceministerio de Culturas y Folklore y aproximadamente 30 arqueólogos, quienes
asistieron a una invitación circulada el 17 de marzo del presente año. En ella
se convocaba a una reunión informativa, de coordinación y de consulta,
orientada a fortalecer la gestión del patrimonio arqueológico en Bolivia.
También se indicaba que dicha reunión respondía a inquietudes expresadas por
profesionales del ámbito arqueológico. Asimismo, el Viceministerio señaló que
vio oportuno abrir un espacio de diálogo y coordinación para compartir detalles
de su actual estructura institucional, presentar sus líneas de trabajo y
recoger criterios técnicos de parte de los asistentes que pudieran contribuir a
mejorar su gestión.
En los hechos,
el viceministro Andrés Zaratti y su equipo hicieron una breve exposición sobre
las jornadas culturales que se iniciarán la siguiente semana, y una extensa y
detallada explicación sobre su estructura institucional, el personal y la serie
de actividades que prevén abordar durante su gestión.
Lamentablemente,
buena parte de la reunión consistió en un monólogo plagado de quejas, reproches
y expresiones agresivas sobre las observaciones recientemente efectuadas a los
tres meses de su gestión. Las pocas oportunidades en que los asistentes pudieron
expresar sus demandas o inquietudes (6 intervenciones) fueron inmediatamente
replicadas con escasos argumentos, demostrando no solo un exiguo conocimiento
en torno al patrimonio arqueológico, sino también la poca voluntad de escuchar
verdaderamente a los especialistas del gremio.
Si bien es meritorio el solo hecho de la realización de la reunión y que el plan de actividades del Viceministerio incluya aspectos como la actualización del marco normativo (reglamentos), la modernización administrativa con la digitalización de trámites, la coordinación interinstitucional para luchar contra el tráfico de bienes culturales y la mejora de las condiciones actuales del MUNARQ, no deja de ser altamente preocupante que ningún arqueólogo se halle en puestos de dirección superior o intermedia en el esquema del Viceministerio, ni siquiera en la unidad encargada de manejar el tema arqueológico. Esto se vio reflejado en una serie de imprecisiones técnicas y descalificaciones a la comunidad arqueológica expresadas por el viceministro.
A continuación, presentamos aspectos que quedaron en el aire y generaron muchas dudas y preocupación entre quienes asistimos a este evento:
- Se indicó que en mayo se tendrían borradores de
varios reglamentos, derivados de la Ley 530, que serían elaborados por el
Viceministerio en consulta con los arqueólogos y sus organizaciones. No
obstante, en horas previas al encuentro circuló un documento titulado
“Reglamento para la autorización y control de intervenciones arqueológicas
en obras públicas y privadas del Estado Plurinacional de Bolivia”, cuyo
contenido permanece alineado con la RM 020/2018 y vulnera la CPE, las
leyes 031 y 530, afectando directamente los derechos de los profesionales
en arqueología, así como las competencias de las Entidades Territoriales
Autónomas (ETAs). Es necesario verificar si este documento fue filtrado o
enviado por personal del VCyF , si este es el proyecto que se pretende
poner a conocimiento de la comunidad arqueológica y si la filtración fue
una especie de globo de ensayo para evaluar su aceptación.
- Tal vez por desconocimiento o desprecio de la ley,
Zaratti manifestó inclinarse por mantener un alto nivel de centralismo en
la gestión arqueológica, omitiendo que existe una clara vocación
descentralizada de la gestión cultural, respaldada por la CPE, la Ley 031
y la propia Ley de Patrimonio 530. Cabe recordar que las leyes no son de
aplicación discrecional o antojadiza, sino obligatoria, lo cual el
viceministro no parece entender.
- De manera poco informada, el viceministro indicó que el número de
arqueólogos en el país es insuficiente para cubrir la demanda de trabajo,
lo cual es incorrecto, pues a pesar de ser un número reducido de
profesionales, la demanda laboral es mucho menor y mal pagada, lo que
provoca que cada vez menos estudiantes se matriculen en la única carrera
de arqueología que existe en Bolivia, perteneciente a la Universidad Mayor
de San Andrés de La Paz. Quizá lo más preocupante es que se animó a
informar, ante un auditorio perplejo, que promovería la tecnificación en
arqueología a través de las denominadas “Escuelas Taller” (centros de
adiestramiento municipal que forman una especie de peritos en otras áreas,
y cuyo estatus técnico no es comparable ni siquiera al de técnico medio del
sistema universitario boliviano), para que reemplacen o sustituyan en
ciertas regiones a los arqueólogos profesionales con grado de
licenciatura. Una actividad que no entra dentro de las competencias del
Viceministerio y que desconoce las normas de educación técnica y superior
bolivianas.
- Quedó claro que el personal que atiende permisos y
fiscalización dentro del Viceministerio es muy reducido: apenas tres
personas para todo el país. No obstante, insistió en que la
descentralización de la gestión del patrimonio arqueológico a las Entidades
Territoriales Autónomas “no es conveniente” porque la mayoría no cuenta
con personal calificado. Este es un problema que el Ministerio de Culturas
jamás ha abordado con seriedad y en atención a la ley, pues existen
gobernaciones y municipios (grandes y medianos), ubicados en zonas
altamente sensibles para la arqueología, que no cumplen con sus
responsabilidades legales. El rol del Ministerio como ente rector es
asegurarse de que las ETAs cumplan la ley, no desconocer competencias
territoriales y centralizar la administración sin poseer los recursos
financieros, técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo las
obligaciones que le impone la ley con respecto a la fiscalización de
estudios arqueológicos u obras que potencialmente pudieran afectar el
patrimonio arqueológico nacional.
- Con respecto a la posibilidad que se le planteó de generar una norma impositiva para apoyar el financiamiento de la labor de protección del patrimonio arqueológico (como una fracción impositiva a la cerveza o el cigarrillo), indicó que existía un "lineamiento gubernamental para evitar molestar a los empresarios con este tipo de propuestas". Esta premisa podría ser muy delicada en el momento en el que la protección del patrimonio se contraponga con ciertos proyectos empresariales o de inversión privada.
- Se esperaba que esta reunión hubiera permitido que
el viceministro tomara conocimiento de la situación actual de la práctica
arqueológica en el país y supiera de primera mano las preocupaciones y
demandas del sector, para así tener un panorama más cercano y preciso de
la realidad que vive el gremio acerca de los principales problemas que se
requiere abordar en el ámbito arqueológico. Lamentablemente, la reunión
tomo otra dirección y se enfocó exclusivamente en exponer un plan, mostrar
sus primeras acciones y justificar el exiguo avance que tuvo su gestión en
los primeros tres meses.
- En algunos pasajes de la reunión, la principal autoridad de Cultura y Folklore del gobierno se expresó con muy poco respeto respecto a la actividad arqueológica en sí y con cierto desdén en torno a la labor que cumplen los profesionales arqueólogos en la protección y gestión del patrimonio.
En conclusión,
la convocatoria a la reunión fue un avance muy importante para promover el
vínculo del Viceministerio con la comunidad arqueológica, pero desnudó
terribles falencias del viceministro en cuanto a su conocimiento del sector y
dejó expuesto su temperamento autoritario, poco conciliador e innecesariamente
agresivo con respecto a algunos sectores de la comunidad arqueológica. Será importante que, en futuras
reuniones, baje el tono de sus quejas, reproches y actitud confrontacional, y
se concentre en exponer sus propuestas para mejorar la gestión pública de la
arqueología, considerando principalmente que los arqueólogos son los aliados naturales del gobierno
nacional para la investigación, protección y conservación del patrimonio
cultural boliviano.
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