La experiencia de participación de la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP) y sus miembros en estos escenarios —denominados «Jornadas Culturales» e idealmente concebidos como espacios de encuentro para la construcción y concertación de agendas de política pública— tiene larga data, ya sean promovidos por el gobierno sectorial central, municipal o departamental. En casi todos los casos, estos espacios se usaron principalmente para validar propuestas oficiales, sin escuchar en absoluto ni tomar en cuenta las demandas de los actores, particularmente del sector arqueológico.
Actualmente (marzo de 2026), nos
encontramos ante una nueva aplicación de esta vieja y desgastada receta de la
mano de los mismos actores políticos del ámbito cultural quienes, reciclados
por el actual gobierno, pretenden utilizarnos —una vez más— para legitimar una
propuesta «refrita», construida en escritorio y ajena a las verdaderas demandas
del sector arqueológico y patrimonial. La situación crítica en la que se
encuentra la protección del patrimonio y la gestión pública de la arqueología
(a nivel nacional, departamental y municipal) es el producto directo de este
enfoque: carencia de normativa técnica, desinstitucionalización de la gestión,
destrucción y pérdida de evidencia arqueológica, ineficiencia administrativa, desincentivo a
la investigación y ataques sistemáticos a las organizaciones civiles de
arqueólogos. Este es el panorama que estos políticos han consolidado tras su
paso por la gestión pública.
Se hace, por tanto,
necesario rememorar y valorar el registro de poco más de 20 años en los que la
SALP y sus miembros han participado en este tipo de eventos, llevando
propuestas concretas para la construcción de políticas públicas en favor de la
arqueología paceña y boliviana.
Nuestra historia se
inicia en 2005, cuando la Oficialía Municipal de Culturas (OMC) de la Alcaldía
de La Paz, bajo la dirección de Pablo Groux, convocó a las Jornadas 2005 y reuniones para conformar
el denominado Consejo Ciudadano de las Culturas y las Artes (CCCA). Esta resultó
ser una instancia ficticia, sin poder jurídico ni legal para asegurar que las
demandas de las jornadas se hicieran efectivas. En aquel contexto, el
presupuesto de 2005 —que incluía recursos para la implementación de un
Reglamento Arqueológico y la conformación de una instancia de gestión— fue
redirigido a actividades del sector de folkloristas y danzarines. Esta
situación derivó en la renuncia del representante de los arqueólogos y en una
profunda y solidaria molestia en otros sectores del ámbito patrimonial.
Tras la conformación de
la SALP en 2006, participamos activamente en las Segundas Jornadas Municipales (2007),
respaldando a miembros que persistieron en la implementación de un reglamento,
la publicación del mapa de áreas arqueológicas potenciales, su inclusión en el
entonces Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (USPA) y la creación de una
unidad arqueológica. Poco de esto fue tomado en cuenta. Si bien la OMC publicó
el mapa y contrató una consultoría, esto no aterrizó en una normativa ni en su
inclusión en el USPA 2008; se limitó a contrataciones sucesivas de un arqueólogo
para tareas de documentación y difusión.
En marzo de ese mismo
año, se envió una propuesta al entonces director de Patrimonio del
Viceministerio de Cultura, David Aruquipa, para avanzar en políticas públicas
mediante un encuentro nacional que definiera una agenda consensuada. En 2008,
la SALP formó parte de las primeras Jornadas Culturales convocadas por el ya
viceministro de Culturas Pablo Groux quien, tras su gestión en el municipio, apeló
nuevamente a su conocida fórmula. El objetivo fue validar una agenda diseñada
«por oferta» con actores de los nueve departamentos para conformar un Consejo
Nacional de Culturas. El resultado fue un consejo cuestionado, conformado por
dirigentes cooptados y sin capacidad de incidencia. Dicho proceso solo sirvió
para respaldar la creación del Ministerio de Culturas, satisfaciendo las
aspiraciones políticas de Groux.
En 2009, a instancias de
Groux, se emitió el Decreto Supremo N° 0064 para crear los Consejos
Plurinacional y Departamentales de Culturas. Su aplicación laxa y discrecional
hizo que terminaran como letra muerta, sirviendo únicamente para
manipular y subordinar a los actores culturales.
En 2011, las Segundas Jornadas Culturales Nacionales repitieron el patrón: la SALP participó
exigiendo el cumplimiento de la ley y la generación de reglamentos, pero se
verificó que se trataba de otro evento manipulado y poco transparente que
fracasó por la desconfianza del sector. En 2013, participamos en el Primer
Encuentro Nacional de Patrimonio Cultural y en las jornadas de socialización
del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural. A pesar de generar aportes
sustanciales, muchos fueron ignorados, permitiendo que errores significativos
persistieran en la actual Ley N° 530.
A nivel municipal, el
CCCA de 2007 se autoprorrogó por años, funcionando solo como validador de
iniciativas que requerían respaldo social por normativa. Su falta de
legitimidad terminó por extinguirlo. En octubre de 2015, bajo la dirección de
Andrés Zaratti, se instaló una tercera versión de esta fórmula. De allí
surgieron aportes para crear una unidad de arqueología, un reglamento
específico y acciones de conservación para sitios como la torre funeraria de
Chijipata-Kellumani, la declaración de patrimonio del sitio de Chullpani (Ciudadela
Stronguista) y la intervención en la Estación Terrena de Pampahasi. Estas
demandas fueron sistemáticamente pospuestas, resultando en daños y destrucción
de dichos sitios. Solo la excavación de Putu Putu en Miraflores obligó al
municipio a emitir una norma de protección temporal basada en el mapa elaborado
por arqueólogos de la SALP en 2007.
Entre el 7 y el 15 de
diciembre de 2020, Zaratti organizó nuevamente las jornadas para respaldar su Plan Estratégico (PIEMCA 2021-2025) y renovar el «Consejo Ciudadano
Intercultural», otro espacio ilegítimo. La SALP renunció a esta instancia tras
constatar la vergonzosa subordinación de sus miembros hacia el secretario
municipal.
Más allá del carácter
inoperante de estas jornadas, la SALP participó siempre con espíritu
constructivo pero crítico. Los resultados han sido desoladores: sitios
arqueológicos en abandono, vigencia de normativa obsoleta que permite la
destrucción del patrimonio (disfrazada bajo la construcción de depósitos mal
llamados «museos») y el total abandono de la ética científica, particularmente
en el manejo de restos humanos.
El actual gabinete del
Viceministerio de Culturas y Folklore se presenta como una mezcla reciclada de
personal municipal y viejos funcionarios de gestiones funestas. Insisten en
prorrogar tácticas de manipulación que sirven de pantalla para invisibilizar
requerimientos técnicos e imponer una agenda desenfocada y riesgosa para el
sector. La reciente convocatoria para las Jornadas Culturales 2026 nos
llena de desconfianza dados los antecedentes de quienes la encabezan: Andrés
Zaratti y David Aruquipa, promotores de estas herramientas de validación
ficticia que desde 2006 solo han generado retroceso en la arqueología
boliviana.
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