C-SALP-032/2010
Señora
Zulma Yugar
Ministerio de Culturas
Presente.-
Ref.: Institucionalización de cargos técnicos y fortalecimiento del área de arqueología
De nuestra mayor consideración:
Sabedores de la reciente renuncia del Director de Patrimonio Dr. Juan Albarracín Jordán; nosotros, la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP), queremos expresar nuestra profunda preocupación por la manera informal con la que se han estado llevando adelante las actividades relacionadas con el patrimonio arqueológico y cultural dentro del Ministerio de Culturas; tanto por la inadecuada gestión de importantes áreas arqueológicas para el país y el departamento (Tiwanaku y Cundisa por ejemplo), como en la designación arbitraria y temporal de personal en puestos de decisión, hecho que ha derivado en la pérdida de la memoria institucional y la discontinuidad de un proceso de capital trascendencia como la intervención a la Unidad Nacional de Arqueología y el Museo Nacional de Arqueología, cuya conducción no ha respondido de manera clara a nuestra solicitud de mayor transparencia y participación, lo que es e sí misma una mala señal.
En este contexto, y con el afán de otorgar seriedad al tratamiento del tema patrimonial, es que solicitamos a usted, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente para la contratación de personal técnico especializado, se lance una convocatoria pública para acceder al cargo de Director General de Patrimonio; de manera que la persona seleccionada cumpla los requisitos básicos de conocimiento y capacidad para administrar cabalmente el patrimonio arqueológico y cultural del estado.
Por otro lado, solicitamos que la reestructuración de la dependencia responsable del patrimonio arqueológico sea fortalecida en su roles de formular e implementar políticas públicas a favor del sector y desarrollar acciones coordinadas e integrales - con las instancias territoriales - para la protección, preservación y conservación de las entidades arqueológicas del país, para lo cual es imperativo que su autoridad mantenga el compromiso de contratar personal técnico competente.
Sin otro particular nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.
Lic. Carlos Lémuz Aguirre
SOCIEDAD DE ARQUEOLOGIA DE LA PAZ
cc. Ministerio de Transparencia
Unidad de Arqueología
Arch.per.

Ciertamente la SALP ha apoyado con un Voto Resolutivo la intervención que el Ministerio de Culturas efectuó sobre el Museo nacional de Arqueología y la Unidad Nacional de Arqueología, pero esta confianza se halla cada vez más debilitada por la inoperancia, improvización, inestabilidad y carencia de capacidad para atender éste como otros temas que tienen que ver con la institucionalidad de la gestión cultural y la protección del patrimonio arqueológico nacional, cuyo referente debiera ser ante todo y sobre todo la ley.

















El evento tendrá lugar mañana, martes 23 de junio, a horas 19:30 en el Auditorio de la Alianza Francesa, Av. 20 de Octubre esq. Fernando Guachalla.
Si bien estas piezas fueron incautadas por arqueólogos chilenos, a la fecha se hayan depositadas en la Unidad de fiscalización (Chile), siendo su suerte incierta debido a la inexistencia de convenios y tratados con Bolivia sobre la protección de patrimonio cultural y natural. Paralelamente debe alarmarnos la presentación - por parte del inescrupuloso traficante - de documentos de aduana boliviana, que OFICIALIZARON la salida de estos bienes patrimoniales bolivianos. Preocupados por estos hechos que no hacen más que develar la inexistencia o fragilidad de las políticas públicas del Estado boliviano para proteger sus bienes patrimoniales (sean estos naturales o culturales) y ante la falta de capacidad de control de nuestras fronteras; es que queremos hacer público este hecho esperando que tanto el Ministerio de Cultura, como la Cancillería boliviana tomen cartas en el asunto entablando contacto con las autoridades chilenas para recuperar las piezas, sancionar a los responsables y evitar que estos hechos se repitan, mediante la elaboración seria, planificada y consensuada (con los actores y especialistas correspondientes) de un proyecto de ley de protección del patrimonio, que vele por nuestras riquezas culturales y naturales sin considerarlas como simple recurso redituable o como un impedimento al desarrollo.





